La embestida de Televisa contra el semanario Proceso, a causa de la presunta solicitud de sobornos del reportero Ricardo Ravelo al narcotraficante Sergio Villareal, El Grande, implica en el fondo un ataque contra la libertad de expresión, así como un intento de intimidar a los medios que no se pliegan a la línea de los grupos económicos y políticos más poderosos.

Acerca de lo anterior coincidieron representantes de organismos defensores de derechos humanos, quienes además cuestionaron la validez de los testimonios obtenidos en el marco del programa de testigos protegidos, una herramienta cuyos resultados pueden prestarse a la manipulación.

Humberto Guerrero, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, advirtió que lo que está en juego en este asunto es la libertad de prensa, al tomar en cuenta la importancia de la revista como un medio con una perspectiva crítica sobre la actual situación de seguridad.

“Cuando Proceso da luz sobre la infiltración del narco en los más altos niveles del Estado y de la iniciativa privada, hay una reacción negativa y represiva en su contra”, utilizando un mecanismo de uso arbitrario como el programa de testigos protegidos, señaló.

Luego de la ofensiva mediática de Televisa, es probable que después veamos el cierre de los canales para conocer las investigaciones, por lo que se dificultará tener certezas y saber cuáles son las verdaderas causas de estas acusaciones.

Declaraciones en duda

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, también consideró que la libertad de expresión es el tema de fondo en la cargada de la televisora, con el riesgo de que los intereses económicos de un grupo se impongan por sobre los de la sociedad de estar bien informada y escuchar diversos puntos de vista.

De igual forma, manifestó, surge la pregunta sobre qué tanto se puede confiar en las declaraciones de un personaje como El Grande, que podrían estar siendo inducidas con el único interés de minar la credibilidad de un medio de comunicación independiente.

El riesgo implícito, advirtió Édgar Cortez, es que temas del narcotráfico y la inseguridad puedan ser utilizados como pretexto para justificar otros ajustes de cuentas, no sólo contra periódicos y revistas, sino incluso entre particulares.