La Secretaría de Gobernación, por medio de las direcciones generales de Asociaciones Religiosas y de Normatividad, admitió la denuncia que el Gobierno del Distrito Federal interpuso a finales de septiembre pasado en contra del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, por conductas presuntamente constitutivas de infracciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público. Fijó un periodo de 10 días hábiles para que los involucrados aporten las pruebas que a su derecho convenga.

Con base en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se solicita al cardenal de Guadalajara proporcionar un domicilio en la ciudad de México para recibir las notificaciones relacionadas con esta denuncia.

Por medio de un oficio, la Secretaría de Gobernación notificó al director general de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, León Javier Martínez, que toda vez que su denuncia fue presentada en tiempo y forma, se tiene por recibida y por hechas las manifestaciones que realiza.

Se señala que el 3 de noviembre pasado el cardenal entregó a la Dirección General de Asociaciones Religiosas un escrito en el que responde a la denuncia presentada en su contra.

El Gobierno del Distrito Federal recibió la notificación el lunes 29 de noviembre.

A finales de septiembre, Leticia Bonifaz Alfonzo, titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del GDF, presentó una queja en la Secretaría de Gobernación en contra del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, por violar el artículo 130 constitucional.

El prelado criticó, en la sección La Palabra del Pastor de la edición 712 del Semanario que se distribuye los domingos en la catedral de Guadalajara, al Gobierno del Distrito Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ir contra la democracia y aprobar, sin el consenso de las mayorías y contra la ley natural, el aborto, la píldora del día siguiente, los matrimonios entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adoptar por éstos.

El Distrito Federal tiene muchos millones de habitantes que han sido dañados con esas leyes. De hecho, están funcionando las clínicas para los abortos. Se presumen alrededor de 40 mil abortos que se han realizado, y la Suprema Corte legisla para toda la nación. ¿Cómo es posible que unos cuantos individuos legislen para 110 millones de mexicanos sin tomarlos en cuenta, sin requerir la opinión de la mayoría de los mexicanos?, cuestiona el Semanario.