Por unanimidad, el Senado exigió a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa Cantellano, que envíe una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos en protesta por el recrudecimiento de las medidas antimigrantes y el clima de persecución y criminalización de la inmigración irregular en la frontera de México con Arizona.

De igual forma, el Senado expresó su total rechazo al anuncio del sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, sobre la integración de un Pelotón de Operaciones contra migrantes sin documentos, y reitera que la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos es facultad exclusiva del gobierno federal.

En el punto de acuerdo aprobado en el pleno se hizo también un llamado a la canciller a redoblar esfuerzos para proteger a los connacionales y, en caso de presentarse violaciones a sus derechos, se exija la cabal aplicación de la legislación estadunidense.

Luis Alberto Villarreal, senador panista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, aseveró en tribuna que “no podemos dejar pasar estos anuncios, como el que hizo la semana pasada el sheriff de Maricopa. Y no se pueden dejar pasar porque significa un anuncio cínico y sinvergüenza de que van a violar los derechos humanos de los migrantes, particularmente de los mexicanos”.

Resaltó que algo que podríamos hacer, además de estos llamados que hace el Senado, es integrar un grupo que genere una estrategia para ayudar a los distintos grupos organizados de migrantes a tratar de cambiar la percepción, porque lo cierto es que esta campaña antinmigrante y xenofóbica tuvo un plus electoral muy alto que le permitió a muchos ganar esa elección.

El senador por el Partido de la Revolución Democrática Rubén Velázquez López dijo en tribuna que “hace poco, el jueves pasado, nos sacudió una noticia que decía ‘promueven en California nueva ley antinmigrante similar a la de Arizona’”.

La propuesta requiere, según la secretaria de Estado de California, Debra Bowen, que todas las policías y demás funcionarios que presten juramento, investiguen el estatus migratorio cuando existan sospechas de que una persona está en ese país ilegalmente.