El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, y el jurista Sergio García Ramírez, juez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), rechazaron la pretensión de los procuradores de Justicia estatales de que el arraigo –que en la actualidad opera sólo para actos ilícitos de la delincuencia organizada– pueda aplicarse a delitos del fuero común.

La figura del arraigo entra en clara contradicción con la presunción de inocencia y coloca a todos en la necesidad de revisar, con mucho cuidado, el nivel de responsabilidad para aquellos servidores públicos que arraigan a una persona y no puedan, después, demostrar algún tipo de responsabilidad, sostuvo el ombudsman nacional en entrevista con La Jornada, tras participar el lunes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la décimo primera Jornada de Justicia Penal.

En el mismo foro, García Ramírez expuso ante abogados, académicos y estudiantes de derecho que esto que se pretende con el arraigo no debería hacerse jamás, (pues) es de sumo peligro.

Durante su exposición ante el foro de juristas, Plascencia Villanueva hizo una radiografía de la lamentable situación en materia de derechos humanos en el país.

Destacó que en los cinco años recientes se incrementó en 300 por ciento el número de quejas presentadas por casos de desapariciones forzadas de personas, además de que persisten los casos de tortura y otros tratos crueles y degradantes, principalmente entre los detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

No encuentro justificación alguna para violentar los derechos humanos so pretexto de buscar la aplicación de la ley, en el contexto del combate a la criminalidad, sostuvo el ombudsman nacional.

Al final del foro, Plascencia Villanueva explicó a este diario su opinión sobre la propuesta de los procuradores estatales de ampliar la aplicación de la figura del arraigo.

Es entendible que para los procuradores del país les sea más fácil, primero, detener (a un inculpado) y luego investigar; de ahí el porqué quieren ampliar la figura del arraigo a delitos del fuero común; sin embargo, no olvidemos que en un verdadero estado de derecho es preferible que se lleve una investigación, primeramente, y después se detenga, si existen pruebas de la responsabilidad de un delito, expuso el titular de la CNDH.