Los procuradores del país analizaron la pertinencia y posibles inconvenientes de aplicar la figura del arraigo en los delitos del fuero común, durante la 24 asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que concluyó el pasado viernes en Ixtapan de la Sal, estado de México.

Los funcionarios coincidieron en señalar que se trata de una medida cautelar que bien implementada, no viola los derechos humanos de los inculpados, sostuvo el procurador de Sonora, Abel Murrieta, quien fungió como uno de los voceros de esa reunión.

Adelantándose a las críticas –ante la propuesta de darle a la figura del arraigo mayores posibilidades de aplicación– durante el encuentro de dos días los procuradores hicimos un estudio respecto de si el arraigo era o no una figura violatoria de las garantías individuales y los derechos humanos, y la verdad es que todos coincidimos en señalar que no es así, refirió Murrieta.

Un día después de que concluyó la asamblea de procuradores, senadores de PRI, PRD y PAN hablaron con La Jornada sobre el riesgo de escalar a un Estado policiaco si se aprueba la propuesta de que el arraigo –que en la actualidad opera sólo para ilícitos de la delincuencia organizada– pueda aplicarse en delitos del fuero común.

Durante una conferencia de prensa efectuada el pasado viernes, tras concluir la reunión de los procuradores estatales y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, el procurador de Sonora expuso que si los legisladores no están de acuerdo con lo que estipula la figura del arraigo (desde 2008 está a nivel de la Constitución federal), entonces que la eliminen del marco legal.

Todos los procuradores coincidimos en afirmar que se debe ampliar la figura del arraigo, la cual nunca ha sido borrada de la Constitución. Si fuera violatoria de derechos humanos los legisladores jamás hubieran permitido que se aplicara para casos de delincuencia organizada, porque tan humanos son narcotraficantes y secuestradores como los criminales que cometen homicidios, violaciones y otros delitos del fuero común, sostuvo Abel Murrieta.