El clima de violencia impacta de forma tal la transparencia en el país que el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) resolvió, con carácter excepcional, entregar sólo versiones públicas de gastos de viáticos y otros realizados por dos directores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en territorio nacional.

Pese a que todas las erogaciones efectuadas por los funcionarios (en alimentación, hospedaje, bebidas, transportación y otros) tienen carácter público, por ley, el pleno decidió hacer esta excepción, porque los funcionarios de la Profepa han recibido amenazas de muerte e incluso algunos inspectores han sido asesinados.

Se trata de los directores generales de Delitos Federales del Ambiente y Litigio, y de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítima Terrestre, cuyos cargos y nombres no aparecen en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), constató La Jornada en una búsqueda ex profeso.

La Profepa había reservado la información cinco años, por los riesgos a que se somete a los funcionarios al entregar copia de facturas donde se consigna el domicilio de los sitios que visitan, pernoctan y se alimentan con cierta regularidad.

El solicitante pidió facturas de hospedaje, alimentación y transportación; los oficios de comisiones, informes de éstas, entre otros datos que se mantendrán en reserva parcial.

Según la comisionada Sigrid Artz, ponente del recurso 5346/10 en reciente sesión del Ifai, en audiencia se nos demostró las amenazas de muerte que han sido grabadas en medios de comunicación, como el celular. Incluso, subrayó, quedó constatado que por estas amenazas de muerte (...) se abrió una averiguación ante la Procuraduría General de la República.

También se han confirmado agresiones en contra del personal de la Profepa, incluyendo la privación de la vida de inspectores en distintos puntos del país.

La ex asesora en materia de seguridad nacional en los primeros años del gobierno de Felipe Calderón, advirtió que la Profepa nunca ha negado el carácter público de la información, pero ante los riesgos que enfrenta el personal de esa procuraduría –que en ocasiones realiza tareas de inspección con chalecos antibalas, por la presencia de personas armadas que le impiden hacerlas y los agreden–, los comisionados avalaron por mayoría de votos que se elabore una versión pública de los documentos fuente (con lo cual se eliminan domicilios, nombres y otros datos) para garantizar la rendición de cuentas.