Este lunes la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitará a Petróleos Mexicanos (Pemex), por escrito, los detalles de los contratos integrales para exploración y producción –aprobados el miércoles pasado por el consejo de administración de la paraestatal–, para analizar cuál será el siguiente paso parlamentario que se dará al respecto.

La presidenta de la comisión de vigilancia de la ASF, Estela Damián, anticipó que desde la Cámara de Diputados se pueden generar varios mecanismos: una alternativa es que comparezcan los titulares de Pemex; solicitar un informe, pedir un grupo de trabajo que indague, pero una de las cosas fundamentales en este tema es que a la fecha la cámara tiene controvertido un asunto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto. Pemex actuó pese a que hay actos jurídicos que se deciden sin que se tenga la certeza ni la plenitud de lo que va a suceder, comentó la legisladora.

Ayer domingo La Jornada publicó las consideraciones de Rogelio Gasca Neri, el único consejero profesional de Pemex que votó en contra de este nuevo modelo de contratación que permite la participación del sector privado en actividades todavía reservadas al Estado.

Los contratos son ilegales, fueron aprobados con premura y antes de que la SCJN se pronuncie sobre una controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados, advirtió el consejero. Adelantarse al pronunciamiento de la Corte puede interpretarse como un menosprecio a las resoluciones del más alto tribunal de la nación, amén de los riesgos que implica para Pemex, planteó Gasca Neri.

Decisión apresurada

Estela Damián coincidió con Rogelio Gasca y dijo que la decisión de Pemex de aprobar estos contratos es apresurada, por decir lo menos. A su parecer es arriesgada, grave y apresurada una decisión de esa naturaleza, cuando no se toman en cuenta diferentes análisis jurídicos e incluso técnicos como los que dice (Rogelio) Gasca. Eso me parece delicado, porque a juicio de muchos diputados son asuntos que todavía no tienen el alcance y no han sido determinados.

Pemex, por su parte, define el nuevo modelo como contratos de prestación de servicios por los que un contratista realiza obras y servicios requeridos por Pemex, y cuyo pago se determina en función del cumplimiento de indicadores explícitos y cuantificables utilizados en la industria petrolera internacional.