La oficial mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), María de Lourdes Cedillo, solicitó una licencia de 30 días hábiles para que la Contraloría General revise su caso, y para enfrentar lo que llamó, en su petición para separarse temporalmente del cargo, una "campaña en mi contra", por supuestos ilícitos, "sin antes haber sido oída y vencida", mismos que, dice, son "a todas luces falsos y que niego categóricamente".

La funcionaria de la ALDF, ahora con licencia, fue acusada en días pasados de haber realizado compras por más de 8 millones de pesos, mediante una adjudicación directa, considerada irregular, para remodelar las oficinas de los diputados locales.

En la misiva en la que pide permiso, Cedillo Rivas asegura que la compra de los muebles se efectuó en "cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de la Comisión de Gobierno, el cual está signado por los coordinadores de cuatro de los cinco grupos parlamentarios.

"Dicho acuerdo y el procedímiento que se propuso para su adjudicación atendió a las 94 diferentes solicitudes recibidas de 44 diputados y de la petición expresa manifestada en la reunión de trabajo sostenida por el comité de administración con fecha 18 de mayo de 2010, en el cual se manifiestan las necesidades imperiosas de contar con el mobiliario y equipo en comento, a decir de los propios diputados, según se desprende de la lectura de la versión estenográfica de la sesión referida del comité de administración.

"De igual manera, de la petición reiterada de los diputados para contar con el mobiliario y equipo en comento para sus oficinas e instalaciones parlamentarias, que se manifiestan desde sesión del comité referido, siendo muestra de ello las versiones estenográficas de sus diferentes sesiones.

"Toda la información relacionada con el ejercicio de mis atribuciones es pública, excepción hecha de los casos previstos por la propia ley de transparencia. No he eludido ni eludiré el escrutinio que se quiera hacer del ejercicio de mis atribuciones.”