El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, respondió ayer a Felipe Calderón –quien la víspera advirtió sobre el riesgo que enfrenta el país por las acciones del narcotráfico– que la única forma de revertir tan ominoso fenómeno es con impulso a la educación, el desarrollo económico y el empleo, mientras senadores de oposición dijeron que si el Presidente tiene nombres de políticos involucrados en algún contubernio, su obligación es hacerlo público o será cómplice.

En tanto, jueces, magistrados y funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) consultados por La Jornada, pidieron mesura al Presidente de la República para no emitir opiniones que rebasen el ámbito de su competencia, en respuesta a la declaración que hizo el titular del Ejecutivo el lunes en Mérida, Yucatán, durante la apertura de la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa.

En Mérida, al hablar de narcopolítica, Calderón aludió al michoacanazo y sostuvo que los fallos judiciales en favor de los funcionarios estatales y municipales implicados en ese caso precipitaron un desenlace diferente, y la verdad es que ha habido evidencias que, por desgracia, bueno, ya no voy a opinar más del tema, pero valdría la pena revisarlo desde el ámbito periodístico.

En San Lázaro, el diputado Carlos Ramírez advirtió que México se encuentra en conflicto con la estrategia anticrimen aplicada por el Ejecutivo federal. A su vez, senadores criticaron que Calderón pretenda dar clases de periodismo a los medios con su llamado a no hacer apología del crimen y balancear la información.

Los medios reflejan la realidad y si (Calderón) no quiere que se hable de la violencia en el país, hay que evitar que eso suceda, dijo el priísta Carlos Jiménez Macías.

Ricardo Monreal, coordinador del PT, recordó que él ha insistido en que hay políticos involucrados en la protección del crimen organizado, pero dijo que la autoridad tiene obligación de investigar y no sólo declarar.

El panista Felipe González manifestó que ciertos medios de comunicación sí han hecho apología del crimen y puso como ejemplo los dichos de algunas empresas de comunicación acerca de que se asesinó de manera cruenta al capo del cártel del Golfo, apodado Tony Tormenta, pero que no hicieron ninguna referencia a la muerte de marinos.

Un integrante del CJF, quien pidió no mencionar su nombre, expuso que las opiniones de un Presidente de la República respecto de alguna resolución de un juez de distrito, cuya determinación es de estricta competencia de los funcionarios del Poder Judicial Federal, implica una intromisión y afecta la independencia de los órganos jurisdiccionales.

En tanto,el diputado Francisco Rojas (PRI) lamentó las expresiones de Calderón, porque ya no tenemos libertad a la hora de salir a la calle porque no sabemos qué va a pasar.

El legislador Alejandro Encinas (PRD) insistió en que el gobierno debe desmantelar el patrimonio financiero y económico de las bandas delictivas.

Ramírez Marín sostuvo que “ese riesgo que advierte el Presidente, se puede revertir con una estrategia que atienda fundamentalmente los temas de educación, desarrollo económico y empleo. Un país que tiene salud, empleo, educación, donde los satisfactores están al alcance de los ciudadanos, no se inclinará nunca por un narcoEstado; todos los países están buscando desarrollo y lo quieren hacer en paz. Estamos conflictuados con una estrategia, no con una definición de país.”