Con la aprobación de las reformas a la Ley General de Educación (LGE), que establecen la obligación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de crear padrones de maestros, alumnos y escuelas, se busca un mayor control de las actividades del magisterio, aunque se presentan de forma en que es evidente que no se quiere afectar el acuerdo político entre el gobierno federal y la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Roberto Rodríguez, catedrático del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que las modificaciones a la ley ponen énfasis en la creación de padrones y registros de docentes, lo cual forma parte de los objetivos de la Alianza por la Calidad de la Educación, por lo cual podemos considerar que con esas modificaciones el gobierno federal busca un acuerdo político, porque no acaba de asumir el pleno control de las actividades sindicales.

En las condiciones que está el sistema educativo, agregó, es difícil saber si esos mecanismos de control tendrán éxito, pues también podemos detectar que en algunas reformas se enfatiza la evaluación y participación de la sociedad civil, pero sin establecer claramente cuáles son los mecanismos para hacer efectivas esas competencias, por lo que corremos el riesgo de que sólo queden como adecuación a la LGE.

En entrevista por separado, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, José Trinidad Padilla, expresó que, pese al control de la cúpula del SNTE de muchos mecanismos para la asignación de docentes comisionados o transferidos a distintos centros laborales, hay voluntad de acatar la ley, transparentar el sistema y profundizar los procesos de evaluación.

Por ello, aseguró, podemos esperar su colaboración. En entrevistas, integrantes de la dirigencia del SNTE han manifestado públicamente su disposición a que los maestros sean evaluados en todas sus actividades, destacó.

Al respecto, el ex subsecretario de Educación Media Superior Miguel Székely Pardo manifestó que la aprobación de las reformas a LGE es un avance muy importante, ya que todos los estados tendrán que transparentar el uso de los recursos públicos y entregar un padrón de docentes para verificar “quiénes están trabajando realmente en las aulas.

Si se gasta tanto en el sistema educativo, por lo menos hay que tener la garantía de que el recurso se está utilizando bien, ya que nuestro país, comparado con otros, está invirtiendo en enseñanza; sin embargo, continuó, los indicadores en el nivel de eficiencia no son favorables.

Luego de participar en un foro sobre educación superior en el Tecnológico de Monterrey, afirmó que el segundo paso será imponer sanciones a las entidades que se nieguen a entregar información.

Ello no quiere decir que si un estado no entrega datos se le vayan a recortar fondos, pero es importante avanzar en mecanismos para imponer sanciones por incumplimiento.

Abundó que las reformas a la LGE, en términos de transparencia, pueden ayudar, pero si no hay una sanción el cumplimiento de entregar información no tendrá el impacto que estamos esperando. Por tanto, apuntó, la ley puede quedar en un simple papel.

Con información de César Arellano