Al respaldar la negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de entregar los datos sobre los más de 700 mil créditos fiscales cancelados en 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está abonando a la opacidad y obstaculizando el derecho ciudadano a la información pública.

Así lo consideraron activistas de los derechos humanos consultados por La Jornada, a propósito de la controversia constitucional que interpuso la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), Jacqueline Peschard, contra la CNDH, por considerar que dicho organismo se había excedido en sus atribuciones.

Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, calificó de muy importante que el Ifai haya interpuesto una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), organismo que ya había resuelto –en el caso de Querétaro– que las comisiones de derechos humanos no tienen competencia para intervenir en asuntos de información pública.

Cada institución tiene un mandato específico y es lamentable que la CNDH no se pronuncie en casos como los de los campos algodoneros, las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo, Inés Fernández o Rosendo Radilla, y sí en uno que no es de su competencia y además lo haga avalando al poder en turno, lamentó.

En el momento en que debería acatar las sentencias del derecho internacional, añadió, la CNDH ha preferido poner en duda instituciones que costó mucho trabajo consolidar, como el Ifai. Peschard actuó conforme a derecho en una situación que afrenta a los mexicanos por la opacidad con que se manejan los recursos públicos.

Por su parte, Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, señaló que es bastante extraño que la CNDH ofreciera mediar en un asunto que es competencia única del Ifai, lo que a final de cuentas provocó que el SAT no cumpliera con su obligación de ofrecer los datos de los créditos cancelados.

Me parece que no hay forma de que la autoridad hacendaria siga escamoteando la información. La CNDH tuvo una acción inadecuada porque no fortalece la transparencia, sino todo lo contrario. La revisión de la Corte tendría que definir con claridad los ámbitos de competencia de cada institución para avanzar en el cumplimiento del derecho ciudadano a la información, puntualizó.