La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a las controversias constitucionales promovidas contra la llamada ley Peña Nieto, y de esta manera el máximo tribunal definirá la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Congreso del estado de México que impiden las candidaturas comunes en esa entidad.

Declarar inconstitucionales esas reformas, sería la única forma en que el próximo 2 de enero, cuando se inicia el proceso electoral en el estado de México, los partidos podrían presentar candidaturas comunes.

Ayer fue publicada la resolución del ministro José Ramón Cossío, quien admitió las acciones de inconstitucionalidad 26, 27, 28 y 29/2010, promovidas por PT, PRD, Convergencia y PAN.

El ministro determinó acumular en un solo expediente los recursos promovidos y en los cuales se solicita que se declaren inválidos los decretos publicados los días 21 y 25 de septiembre, y con los cuales entraron en vigor la imposibilidad de que varios partidos puedan tener un candidato común, aun cuando puedan formar una coalición de institutos políticos.

La resolución estipula un plazo de seis días naturales contados para que tanto el gobierno del estado de México como su Congreso, rindan informes acerca de la manera en que se analizaron y aprobaron las reformas impugnadas.

Entre los documentos solicitados por el ministro Cossío Díaz, se encuentran copia certificada de todos los procedimientos y antecedentes legislativos de los decretos impugnados, incluyendo los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se aprobaron y en las que consta la votación de los integrantes del órgano legislativo.

Asimismo los diarios de los debates, y de toda la documentación en que conste la participación de los municipios del estado en el proceso de reformas a la constitución local, incluidas las constancias por las que se les requirió el sentido de sus votos y las actas de cabildo correspondientes.

De la misma manera, el ministro Cossío Díaz pidió al Instituto Electoral del Estado de México informar a la Corte de la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad, lo que implica que la resolución deba darse antes de que se declare el receso del actual periodo de labores del máximo tribunal, que inicia el 15 de diciembre.