El equipo jurídico del sindicato nacional de mineros presentará una denuncia de juicio político contra el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, por haber incurrido en conductas que redundan en perjuicio de los intereses públicos y en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores, que afectan seriamente la solución negociada de los problemas y vulneran la buena marcha de las instituciones.

La denuncia será presentada el próximo miércoles 27 de octubre, y en ella se pide que el funcionario sea destituido e inhabilitado por 20 años para ocupar un cargo público. Se fundamentará en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Constitución, ya que el funcionario ha faltado reiteradamente al cumplimiento de sus obligaciones legales y de la responsabilidad política de su cargo, según aseguró este gremio.

Este sindicato planteó que la finalidad de dicha denuncia es que Lozano Alarcón sea efectivamente sancionado y destituido de su cargo. Para ello se cuenta con un amplio cúmulo de pruebas que acreditan su mal actuar y que serán acompañadas en los juicios políticos que se le deben iniciar, de todo lo cual conocerá el Congreso de la Unión.

Juez se excusa en el caso Linares Montúfar

Por otra parte, el sindicato informó que el juez José Miguel Trujillo Salceda, quien condujo hasta ayer el proceso penal contra el presidente del consejo general de vigilancia y justicia de este gremio, Juan Linares Montúfar, se excusó de continuar al frente de este juicio, tras argumentar que siente enemistad en contra del integrante de este gremio. Incluso, determinó suspender el proceso hasta que su superior califique dicha excusa.

Este juez en 17 ocasiones ha excusado a los hermanos Germán y Genaro Larrea Mota Velasco –principales socios inversionistas de Grupo México– para que no se presenten a declarar en este proceso y les ha aplicado sanciones y multas menores y no arresto, como corresponde en estos casos, indicó el sindicato, y apuntó que el número de justificaciones a los empresarios constituye un perverso récord sin precedente en el Poder Judicial.

También hizo ver que, como el próximo 22 de octubre están citados los hermanos Larrea, dicho juez ahora se vio obligado a ordenar su arresto en caso de una inasistencia más, pero se excusó de continuar al frente del proceso y ordenó suspenderlo aduciendo falsa e hipócritamente que ello lo hace por el bien del señor Linares Montúfar.