La Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) criticó que el Ejecutivo disponga en materia de telecomunicaciones ante la falta de reglas claras en el sector y reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones –detenidas en el Congreso–, con lo que interviene en la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y emite decretos, como el de la televisión digital terrestre, sin estructura definida, con objetivos electorales y para distraer la atención del regalo de 30 megahercios que le hizo a Televisa-Nextel al dispensarle el pago de 5 mil millones de pesos.

Por otra parte, el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, consideró que el decreto por el que se adelanta la transición a la televisión digital y la comisión creada para dicho fin no violenta la autonomía del órgano regulador, porque cada participante tiene bien definidas sus funciones.

En una reunión reciente con la prensa, el funcionario justificó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sea la encargada de coordinar los trabajos, por ser la cabeza del sector, pero la Cofetel tiene definidas sus tareas, que consisten en hacer los análisis técnicos, la coordinación con el sector y preparar en sí la transición.

En tanto, el jurídico de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, aseguró que el decreto para la transición de la televisión analógica a la digital no invade las facultades de la Cofetel ni va en contra de su autonomía, porque ese órgano regulador depende del Ejecutivo y la secretaría es parte de éste.

Señaló que la SCT defenderá el decreto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que la dependencia encabeza la comisión para la transición. Trascendió que no habrá abogados de la Cofetel, porque es parte de la controversia.

Sánchez Henkel argumentó contra la decisión de la Corte: el artículo 27 constitucional señala que el Ejecutivo federal, en este país y en términos de la Constitución, reside en una sola persona, que denominamos presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y le corresponde otorgar las concesiones respecto de los bienes públicos que constituyen el espectro radioeléctrico.

Sostuvo que la autonomía de la Cofetel debe entenderse como la capacidad para adoptar sus resoluciones y aquí está, más allá de toda duda, que los comisionados, bajo su propia responsabilidad, resuelven libremente los temas que son planteados a nivel del pleno.

La Amedi destacó las inconsistencias del decreto, por lo que ahora, como parte de la controversia aceptada por la Suprema Corte, advirtió que la disposición del Ejecutivo debe sujetarse a una serie de ajustes si no quiere que pase como una medida electorera y encaminada a ocultar el regalo de 5 mil millones de pesos que la SCT hizo a Televisa-Nextel al entregarles 30 megahercios de cobertura nacional como parte de la licitación 21.

Puntualizó que entre las primeras medidas a adoptar en los planes para adelantar el apagón analógico está que los televisores o decodificadores deben entregarse después de 2012, es decir, hasta que haya concluido el periodo electoral, además de que deben ponerse en claro las reglas; de lo contrario las televisoras que ya tienen muchos canales tendrán más, sin que haya opciones para los televidentes.

Asimismo, la Amedi indicó que se deben puntualizar las reglas para que los concesionarios que actualmente utilizan un canal espejo –que les fue adjudicado para que reprodujesen la señal digital que difunden en cada canal analógico– regresen al Estado esa frecuencia. Ése es un defecto que ya tenía el acuerdo del 2 de julio de 2004 del presidente Vicente Fox. Resulta apremiante que se establezcan dichas reglas, porque en caso contrario solo se favorecerá a los monopolios.