La supervía poniente debe de cancelarse definitivamente pues, lejos de ser un proyecto sustentable que responda a una política integral de transporte y movilidad, parece que responde a intereses de grupo y de carácter económico, exigió un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran el centro de estudios sociales y culturales Antonio de Montesinos y los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro.

De manera paralela, ayer por la noche, alrededor de 400 personas participaron en una procesión de antorchas para reiterar el carácter pacífico de su movimiento y emplazar al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, a concertar, de manera conjunta, las condiciones de diálogo y debate en igualdad de circunstancias.

En el pronunciamiento de las organizaciones –que también fue firmado por Miguel Concha Malo y asociaciones como INCIDE Social, Centro Nacional de Comunicación Social, Litiga Ole y Observatorio Social–, se denuncia que el Gobierno del Distrito Federal ha actuado de manera autoritaria, impositiva e inflexible y con ello se ha generado un retroceso en la construcción de una cultura de derechos humanos en la ciudad de México.

El Gobierno del Distrito Federal promueve y alienta un discurso democrático y de defensa de derechos humanos que no corresponde a las acciones que realiza en detrimento de la ciudadanía con este proyecto.

También exigen que cesen los actos de intimidación en contra de los integrantes del Frente Amplio y hacen un llamado urgente para que diversas instancias tanto locales como federales intervengan para garantizar de manera efectiva la protección a los derechos humanos. Entre los organismos señalados se encuentran la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Otras de las organizaciones que signaron el documento son Bicitekas, El Poder del Consumidor y Ririki, Intervención Social.

Por su parte el Frente amplio en contra de la supervía dijo que es el jefe de Gobierno y los integrantes de su gabinete los indicados para participar en los diálogos y debates que proponen.