Las migrantes que padecen violencia intrafamiliar no denuncian a su agresor por temor a ser arrestadas y deportadas, y con ello perder a sus hijos, sobre todo a partir de la expedición de la Ley SB 1070, en el estado de Arizona.

Hay una confusión total en Arizona, y la policía, en lugar de enfocarse en el incidente de violencia por el que se le llamó, pide a la mujer una identificación, y si no la tiene es arrestada y luego deportada. Pasan de víctimas a perseguidas por la ley debido a su estatus de ilegales, lo cual no tiene sentido, denuncian trabajadoras del albergue De Colores, de Chicanos por la Causa, que opera en Phoenix, Arizona.

La sugerencia es que la víctima vaya directamente al refugio, y desde ahí haga el reporte. La policía es más sensible cuando ve a una trabajadora social al lado de la víctima, señaló Enriqueta Gómez Lee durante el encuentro de la Red Nacional de Refugios.

Para revertir la situación, las responsables del único refugio de habla hispana en Phoenix hacen valer la Ley VAWA, la cual ayuda a las mujeres a obtener su estatus legal sin la asistencia o conocimiento del agresor.

Para lograrlo, deben comprobar que son víctimas de violencia doméstica y que están casadas legalmente con un residente permanente o un ciudadano de Estados Unidos. Hasta el momento, el refugio De Colores ha ayudado a más de 250 mujeres a regularizar su estancia en aquel país.

Howard Eugene Black, jefe de la policía de Colorado Springs y entrenador en el tema de respuesta ante casos de violencia, señaló que como autoridad, el deber de la policía es garantizar la seguridad de la persona afectada, sin importar su estatus, aunque admitió que es difícil hablar en nombre de toda la policía.