Sin una legislación correcta, que incorpore elementos tanto jurídicos como médicos, se pueden crear más problemas de los que se busca resolver, advirtió Ingrid Brena, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para la especialista, el término indicado es gestación subrogada, no alquiler de vientres, y sólo debería ser válido cuando la madre portadora lleve el cigoto de la pareja contratante y no aporte su propio material genético, ya que de hacerlo estaría vendiendo a su hijo.

Uno de los principales problemas de las iniciativas que han intentado reglamentar dicha práctica, afirmó, es que no hacen una distinción de las atribuciones de los gobiernos federal y local, y esta suerte de confusión las hace inviables.

Pedir una retribución económica, dijo, no está necesariamente mal, siempre que haya reglas claras sobre los requisitos que deben cumplir las posibles madres portadoras, y de esa manera evitar conflictos.

Por su parte, Raymundo Canales de la Fuente, miembro del Colegio de Bioética, señaló que al regular la reproducción asistida se influirá en investigaciones científicas de avanzada que pueden ayudar en la resolución de enfermedades graves. La legislación sobre el tema debe poner reglas claras sobre el congelamiento de embriones, porque aunque lo ideal es fertilizar e implantar un solo óvulo, el porcentaje de eficacia sería bajísimo, apuntó.

Por otra parte, la experimentación con células madres, que hoy representa la posibilidad de curar enfermedades mortales, tiene que ver con el proyecto de ley, ya que dichos organismos pueden encontrarse en los embriones congelados que ya no se usarán con fines reproductivos.