Las posturas de los partidos políticos respecto a la decisión de Televisa y la estadunidense NII Holdings, controladora de Nextel México, de dar por terminado el acuerdo de inversión para operar una concesión de telefonía móvil de tercera generación en el país, fueron desde el temor del PRI a que esa determinación afecte la generación de empleos hasta el planteamiento del PAN de que el gobierno federal estudie dejar sin efecto la adjudicación de la llamada licitación 21.

Por el PRD, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Carlos Sotelo, aseveró que después de que Televisa anunció su separación de la sociedad con Nextel “esperaríamos como consecuencia jurídica la cancelación definitiva de la licitación 21.

La licitación se expidió a un ente jurídico que ya se está disolviendo, y si se deshace, el órgano regulador debiera revisar y proceder a la cancelación.

El diputado Jaime Cárdenas, del PT, consideró que la conclusión del acuerdo entre Televisa y Nextel representa un triunfo para los sectores críticos y de izquierda, que acusaron que la licitación 21 no cumplía con los requisitos de ley, particularmente porque violaba el artículo 134 constitucional.

Se pierde oportunidad de mejorar la competencia: PRI

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la cámara alta, el priísta Fernando Castro Trenti, afirmó que con el anuncio hecho por Televisa se pierde, a causa de la falta de transparencia del gobierno federal, la oportunidad de lograr mejores condiciones de competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

La dirigencia nacional del PRI dijo confiar en que la ruptura del acuerdo entre Televisa y Nextel no afecte la generación de empleos, que es lo que necesita el país en cualquier rama de la producción.

Emilio Gamboa, líder del sector popular, comentó que en este momento lo que más necesita el país son inversiones en todas las áreas.

Por la tarde circuló en la sede nacional del PRI un análisis elaborado por Fernando Viveros Castañeda en el que se destaca que “la decisión de Televisa de no asociarse con Nextel pone a temblar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual ha dado todas las muestras posibles de apoyo y convicción política para respaldar a Televisa.

La salida de esta empresa de la jugada constituye un golpe demoledor para la autoridad, que ha apostado todo su capital político y de cabildeo a favor de la televisora.

Federico Döring, secretario de la Comisión del Distrito Federal del CEN del PAN e integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, dijo que Televisa “tuvo que escoger entre una inversión de mil 200 millones de dólares en un proceso incierto –provocado por la serie de litigios abiertos contra la licitación 21–, o invertir con Univisión, en Estados Unidos, en contenidos para América Latina”.

Indicó que luego de que la televisora dejó sola a la firma Nextel habría que revisar si queda sin efecto la adjudicación, la cual se hizo con la participación de ambos consorcios.

Sobre todo, habría que revisar las bases de la licitación del espectro radioeléctrico para determinar si se vuelve a licitar, por ser una condición ir en alianza, o si habría la posibilidad de que Nextel cambie de socio inversionista, abundó.

El perredista Carlos Sotelo destacó en entrevista que debe ponerse un alto al contubernio del poder público con intereses privados que atentan contra el conjunto del país. Hoy es la licitación 21; anteriormente fue el caso de Unefon, que Salinas Pliego mantuvo a pesar de fallos adversos.

Advirtió que el hecho de que la concesión haya sido otorgada no es sostenible jurídicamente para que Nextel se la quede porque esa concesión fue entregada a dos empresas y si una deshace el acuerdo, debe concluirse.

El petista Jaime Cárdenas indicó que el caso Nextel-Televisa debe traer en consecuencia una acción jurídica contra el titular de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas.

Además de que procede una nueva licitación en respeto pleno a la Constitución y a la Ley de Adquisiciones, desde luego también procede fincar responsabilidades políticas, penales, administrativas y/o hasta civiles contra Molinar, así como exigir reparación de daño.