Madrid, 18 de octubre. La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó hoy una solicitud formal ante el juzgado del magistrado Eloy Velasco para que presente un pedido de extradición contra Arturo Cubillas, ciudadano de origen vasco naturalizado venezolano a quien se acusa de pertenecer a la organización armada vasca ETA y de haber impartido una serie de cursos de adiestramiento a algunos de sus miembros.

Cubillas, funcionario del gobierno de Hugo Chávez, también está bajo sospecha de ser el nexo entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en una investigación judicial abierta en España.

La Fiscalía española asumió las tesis del magistrado Velasco de que Cubillas es el responsable del colectivo de ETA en esa zona de América (Venezuela) desde 1999, y se encarga de coordinar las relaciones con las FARC, pero también de haber adiestrado en el manejo de explosivos a varios miembros jóvenes de la organización vasca independentista.

El fiscal fue más allá e interpretó la propia legislación venezolana, al sostener en su escrito que los delitos imputados en su contra son susceptibles de extradición conforme al tratado bilateral hispano-venezolano, sin que puedan ser considerados como delitos políticos, pues los actos de terrorismo están excluidos expresamente de esa calificación jurídica.

Esta interpretación es contraria a la sustentada por juristas y magistrados de Venezuela, respecto de que Cubillas no podría ser extraditado a España por su condición de venezolano.

El ministro del Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó en el Senado que en el caso de que el magistrado solicite la extradición el gobierno cumplirá con su obligación de remitir la solicitud inmediatamente.

España reconoció el pasado viernes la colaboración y el entendimiento entre ambos gobiernos en este asunto, al resaltar que el propio sistema venezolano adoptó, entre otras medidas, el nombramiento de un fiscal especial para investigar los extremos acusatorios defendidos por la policía española, basados sobre todo en los testimonios de los etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance.

Sin embargo, los etarras, una vez en contacto con sus abogados, denunciaron supuestas torturas y malos tratos durante los cinco días que permanecieron incomunicados en virtud de la ley antiterrorista.