Ayer se atribuyeron al crimen organizado los asesinatos de al menos 23 personas en diversas entidades. Además nueve presuntos pistoleros murieron en tiroteos contra fuerzas de seguridad, y también se informó que dos trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fueron secuestrados en Durango y liberados tras el pago de un rescate que debieron reunir sus compañeros, luego que la dependencia les negó apoyo.

Ocho de las ejecuciones fueron perpetradas en Chihuahua, e incluyen la de Rito Grado Serrano, de 59 años, representante seccional del poblado El Porvenir, municipio de Praxedis G. Guerrero, quien se encontraba en su domicilio de la colonia Tierra Nueva, de Ciudad Juárez, junto con su hijo Rigoberto, de 37, cuando sujetos armados les dispararon más de 22 balazos el sábado por la noche.

El pasado junio, Grado y una comitiva de vecinos exigieron ayuda al Congreso del estado ante la falta de seguridad pública en El Porvenir, zona conurbada de Ciudad Juárez a la cual no entran las policías federal ni estatal pese al número de homicidios, secuestros, extorsiones e incendios de viviendas y negocios que allí ocurren.

En la misma localidad fronteriza, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública dijeron que 40 policías federales fueron despedidos y serán investigados por la comisión de presuntos delitos contra la salud y lo que resulte, tras hallárseles drogas y armas en el hotel donde se hospedaban.

Decapitados en Camargo

Dos más de las víctimas en esa entidad aparecieron decapitadas afuera de la comunidad rural Estación Díaz, municipio de Camargo, y personal de la policía ministerial investigadora dijo que una de ellas era Sebastián Orozco Flores, según la credencial que portaba, expedida por la empresa de mensajería DHL en el estado de México.

A Nuevo León correspondieron al menos tres de los asesinatos, entre ellos los de Aracely Martínez Esquivel, de 16 años, y otra joven todavía no identificada, cuyos cadáveres quedaron dentro de la camioneta en que sus captores pretendían huir de los soldados y policías del Grupo de Reacción Inmediata que los perseguían.

La madre de Aracely informó que desde el jueves no sabía de ella, y fuentes oficiales afirmaron que los elementos de seguridad perseguían el vehículo con reporte de robo en que se les conducía junto al joven Marco Antonio Quiroz, de 19 años, quien resultó herido y dijo que también había sido levantado por dos de los delincuentes, que huyeron lesionados.

Durante la persecución y tiroteo, cuatro taxistas trataron de impedir con sus autos el paso de las unidades de seguridad, y los presuntos plagiarios chocaron contra siete vehículos hasta estrellarse frente a un domicilio de la colonia Independencia, para luego escapar dejando en su auto cinco fusiles AK-47, uno AR-15, uno G-3, dos pistolas, cargadores y chalecos antibalas.

También en la capital neoleonesa tres presuntos gatilleros fueron ultimados por fuerzas de seguridad, entre ellos un presunto líder criminal que se enfrentó a efectivos del Grupo de Reacción Inmediata junto con un cómplice que resultó gravemente herido, quien aceptó su participación en la balacera del jueves entre elementos de la Marina y sicarios en la carretera a Saltillo, a la altura del municipio de Santa Catarina.

Del resto de los asesinatos, tres ocurrieron en Aguascalientes, tres en Jalisco, dos en Nayarit, dos en Sinaloa, uno en Michoacán y uno en Sonora. En esta última entidad la víctima fue Ramiro Camacho Medina, jefe de grupo de la policía estatal investigadora en el municipio de Cajeme. Además cuatro presuntos sicarios fueron abatidos por militares en San Luis Potosí y dos más en Tamaulipas.

Ayer también se informó en Durango que a finales de septiembre dos de ocho trabajadores del Inegi fueron privados de su libertad cuando realizaban el censo económico en el municipio de Guanaceví. Para ser liberados tuvieron que realizar un pago de 40 mil pesos como rescate, cantidad que debieron reunir sus compañeros de trabajo.