La Policía Federal promete sueldos decorosos y seguros de vida cuantiosos a quienes decidan sumarse a un proyecto de vida y con la alternativa de crear toda una carrera policial. Sin embargo, familiares y beneficiarios de quienes han sido abatidos en la guerra contra el crimen organizado enfrentan una doble tragedia, porque a la pérdida del ser querido se suma un cúmulo interminable de exigencias burocráticas y con frecuencia la corrupción en diversas oficinas del gobierno para obtener lo que ofrecieron a los agentes y que por ley corresponde: dinero por los seguros, apoyos para la educación de los menores y pensión para viudas y huérfanos, entre otras cosas.

Las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la propia Policía Federal, en lugar de simplificar, entorpecen muchos meses –en ocasiones de manera irremediable– la entrega de los fondos obligatorios, dejando a los herederos en total desamparo.

Los agentes caídos en el cumplimiento de su deber son héroes que entregaron su vida de manera consciente por un ideal: construir un mejor país para todos, argumenta Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Pero cuando un agente fallece en acciones contra el crimen organizado, su caso se suma a las estadísticas de la violencia y sus familiares a las cifras sobre pobreza.

Estadísticas de la SSP señalan que han sido asesinados 208 policías federales por integrantes del crimen organizado de diciembre de 2006 a junio de 2010. El periodo se enmarca en la llamada guerra contra el narcotráfico que comenzó el presidente Felipe Calderón.

Entre los deudos existe temor a denunciar. Consideran que hablar les cancelará la posibilidad de obtener lo que por derecho les corresponde, pues desde el momento en que acuden a las oficinas de la Policía Federal se les advierte que deben guardar sus casos en secreto, porque detrás de cada uno hay investigaciones en curso.

La Jornada logró contactar a algunos familiares en los centros de Atención a Víctimas del Delito de la SSP federal, fuera del Centro de Mando de la Policía Federal y en las oficinas de la aseguradora Metlife, y obtuvo sus testimonios bajo el compromiso de no revelar sus nombres, lugar de residencia ni identidad del policía victimado. A continuación, algunas de esas historias:

¿Para qué quiere pensionarse?

Desde hace 13 meses Rosa María, quien estudió hasta preparatoria y nunca ha trabajado, recorre oficinas tratando de cobrar la pensión por viudez. Tiene 30 años de edad, mismos que tenía su esposo cuando fue abatido a tiros en una emboscada en Michoacán.

No sólo ha tenido que sobreponerse al dolor por la pérdida de su esposo, sino también se ha visto obligada a recurrir a préstamos y empeñar objetos para solventar los gastos por la tramitología y para sostener a su único hijo.

Ha sido un viacrucis. Por ejemplo, en la delegación del ISSSTE en Toluca, estado de México, fue sometida a interrogatorios humillantes por quienes dan curso a los trámites. ¿Para qué quiere pensionarse? Es muy joven, puede trabajar, le dijeron.

Descuentos por agilizar los trámites

Justo en el momento en que iba a empezar el homenaje luctuoso a su marido, Raquel llegó corriendo al Centro de Mando de la Policía Federal, en la capital del país. “Nadie de la policía me avisó que él había muerto dos días antes, durante un operativo en el norte de la República. Sus compañeros me localizaron vía telefónica para informarme y vine como pude.

“Luego de que los funcionarios de la SSP hablaron ante el micrófono me entregaron una bandera de México y me aseguraron que tendría todo su apoyo, pero 10 meses después del deceso no he podido cobrar la pensión del ISSSTE, porque dicen que me faltan documentos.

“Aunque pude obtener los fondos de los seguros de vida en dos semanas, tuve que aceptar que me descontaran 20 por ciento de la póliza de 600 mil para que el trámite fuera rápido. ¡Imagínese!

“En el ISSSTE todo es difícil. Ahí hay que entregar actas de nacimiento de todos: de él, mías y de mi hijo. También la credencial de elector de mi marido. Ése es un gran problema, porque ellos regularmente las llevan cuando salen a trabajar y generalmente desaparecen.

Para resolver la falta de ese documento hay que rogar a los funcionarios de la dirección de recursos humanos de la Policía Federal que nos den el último oficio que él haya firmado. Tenemos que buscar otros documentos con su rúbrica, pero que se consideren legales. De lo contrario se debe iniciar un juicio de reconocimiento, lo cual lleva meses.

Ningún respaldo

Mireya vivió en concubinato varios años y no tuvo hijos. Tras la muerte de su compañero reclamó lo que por ley le correspondía. Pero cuando llegó a la dirección de recursos humanos de la Policía Federal ya le habían entregado a otra mujer toda la documentación para obtener la pensión. Luego me enteré de que ella también era su pareja.

Para Mireya el pago de la pensión del ISSSTE está en curso, porque debe acreditar mediante un litigio en tribunales civiles el reconocimiento del concubinato. El dinero por el seguro de vida también está en trámite.

Aunque ella radica en Jalisco, la corporación a la que pertenecía su pareja no ha facilitado los trámites, ya que debe realizar frecuentes viajes a la ciudad de México para acudir al Centro de Mando de la Policía Federal y al juzgado civil para que le sean reconocidos todos sus derechos.

Algo hay que darles siempre

Jovita, de 53 años, resume su experiencia: en todos lados hay que granjearse a los empleados y prestadores de servicios. Dinero, botella o queso. Algo hay que darles siempre.

Su hijo ingresó en 2008 a la Policía Federal. Tenía 28 años cuando lo asesinaron y se encontraba soltero.

Ella viaja de Oaxaca a la ciudad de México, y tras muchos meses de realizar trámites y sortear como pudo los costos de su estancia en la capital del país logró cobrar los seguros de vida, no así la pensión en el ISSSTE, pues le aseguraron que en informes enviados por la corporación se mencionaba que el agente era portador de VIH/sida. Ella no lo sabía. Duda de esa versión y considera que se trató de una artimaña para no entregarle lo que corresponde.

Esfuerzos en vano

El esposo de Érica cumplía una encomienda oficial cuando fue ejecutado en una entidad del occidente del país. Después de ocho meses de trámites ella no pudo obtener la pensión. El ISSSTE le respondió que en la averiguación previa del caso se menciona la existencia de latas de cerveza en el vehículo donde su esposo fue abatido a tiros. Conclusión: presuntamente iba ebrio al momento del ataque, y ello impidió a la mujer recibir esa prerrogativa.

En noviembre de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió una queja de familiares de siete agentes adscritos a la Coordinación de Fuerzas Federales de la Policía Federal y de un civil que había sido contratado por la corporación para transportarlos del Distrito Federal a Ciudad Hidalgo, Michoacán. En ese trayecto todos fueron levantados y hasta hoy no se sabe de ellos.

Según la queja, los agentes son considerados desaparecidos en el desempeño de sus funciones; sin embargo, la seguridad social y el pago de haberes a que tienen derecho los familiares no han sido otorgados.

En mayo de este año la CNDH radicó el expediente y dirigió un oficio a la Policía Federal, pidiéndole cumplir su responsabilidad y realizar los pagos correspondientes a los familiares. A la fecha el exhorto no ha tenido respuesta.

La Policía Federal ha recibido diversas solicitudes de información pública, entre ellas una concerniente al número de familias pensionadas por la muerte de agentes de la corporación en el desempeño de su labor; cuántos beneficiarios han cobrado seguros de vida, y el número de dependientes económicos menores de edad y viudas en esas circunstancias.

En respuesta, la corporación ha señalado que no posee los datos estadísticos. Sólo cuenta con datos relacionados con los hijos de los servidores públicos en activo para efecto de poder otorgarles las prestaciones a que tienen derecho, conforme a la normatividad establecida en la materia.

Refiere que el ISSSTE es la instancia en que los familiares deben reclamar las pensiones y que del instituto depende el monto de la pensión y la calificación del riesgo de trabajo.

Sin el menor interés por admitir alguna responsabilidad con sus héroes, la Policía Federal también afirma: el cobro del seguro de vida institucional es un trámite de carácter personal, directamente ante la aseguradora que corresponda.

La atención al no menos trascendente efecto emocional que deja la muerte de un agente tampoco es algo por lo que la Policía Federal se interese demasiado. Si bien dispone de brigadas de apoyo sicológico a policías heridos y discapacitados en el cumplimiento de sus funciones, así como a sus familiares, acceder a ese servicio significa otro embrollo.

Tanto así, que la propia SSP federal, en los documentos del cuatro Informe de gobierno, reconoce que entre septiembre de 2009 y julio de este año ha brindado 668 atenciones sicológicas individuales y 439 en domicilio a familiares de agentes.

Si es real el dato de que en este gobierno han muerto 208 agentes y de éstos dependían emocional y económicamente al menos cuatro personas –esposa, hijos, padres y hermanos–, eso significa que a cada uno correspondió una sesión de asistencia tanatológica.

Los herederos de los policías asesinados también se convierten en víctimas de quienes mataron a sus parientes. No sólo penden sobre ellos las presiones de secreto impuestas por la institución policial, sino en todos está siempre presente lo ocurrido en diciembre de 2009 con la familia del infante de marina Melquisedet Angulo. Se trata del caso en que horas después del sepelio del tercer maestre en la ranchería Quintín Arauz, municipio de Paraíso, Tabasco, sus dos hermanos, madre y tía fueron asesinados por integrantes del crimen organizado, en venganza por la muerte del capo Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos.

La Oficialía Mayor de la SSP federal reportó el pasado primero de septiembre que “el gasto total de la secretaría pasó en 2006 de 10 mil 638 millones de pesos a 32 mil 437 millones en 2010, incremento de 205 por ciento.

“Los rubros de gasto que se han privilegiado son: creación de una corporación policiaca federal –bajo el nuevo modelo policial– y la red nacional de interconexión Plataforma México. Además, la ejecución de un plan maestro de infraestructura inmobiliaria para el despliegue de la Policía Federal y el crecimiento de la infraestructura penitenciaria, así como los apoyos a entidades federativas.”

Se han triplicado el presupuesto y el número de agentes de la Policía Federal, pero la corporación no ha tenido entre sus objetivos proteger a las familias de los policías abatidos por criminales.