Llevar a nivel constitucional el derecho a la alimentación es una medida urgente para que las autoridades se comprometan a trabajar por la autosuficiencia alimentaria, y a sacar del hambre a más de 30 millones de mexicanos, señalaron especialistas consultados por La Jornada.

En el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora este sábado, Jesús Guzmán, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, organismo de la Cámara de Diputados, afirmó que plasmar en la Constitución este derecho obligaría al gobierno a realizar acciones como en el tema de la educación y la salud.

Modificar los artículos 4 y 27, fracción 20, es una propuesta que surgió desde hace más de 15 años, pero que sucesivos gobiernos y legislaturas se han negado a concretar, en gran medida porque han cedido a las presiones de las trasnacionales que controlan la producción y venta de los alimentos a escala mundial, consideró el especialista.

En esta ocasión, el Senado tiene la oportunidad de hacer que la propuesta avance, lo que ayudaría a diseñar políticas públicas que conduzcan a la erradicación del hambre, fenómeno que padecen 54 millones de personas en América Latina, más de la mitad de ellas en México.

Además, el reconocimiento de este derecho sería la base para revertir la dependencia alimentaria del país, que actualmente importa casi todas las oleaginosas que consume, casi 70 por ciento del arroz y más de 40 por ciento de la carne de cerdo, entre otros productos.

Por su parte, Alejandro Espinosa, académico del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), coincidió en que la medida es crucial, ya que así podría revertirse una situación de pobreza alimentaria.

La estructura institucional que alguna vez apoyó a los campesinos con semillas, fertilizantes o estímulos económicos, lamentó, fue desmantelada hace más de 20 años, y por ello México no puede garantizar el primer satisfactor a todos sus ciudadanos.