Cuarenta por ciento de los comerciantes de las centrales de abasto del país han aceptado pagar las cuotas por protección que les exigen grupos del crimen organizado, reveló Cecilia González Guzmán, comisionada de seguridad patrimonial y justicia de las centrales de abasto de México y Latinoamérica.

En conferencia de prensa donde la también comerciante habló de los problemas que enfrentan sus compañeros de Ciudad Juárez, Chihuahua, señaló que a escala nacional existen 96 mil locatarios en las centrales de abasto.

Añadió que “hay entidades donde ciento por ciento de quienes comercializan sus productos en las centrales abasto han decidido pagar al crimen organizado.

La problemática a escala nacional afecta a 40 por ciento, y hay casos en los que resistirse resulta imposible, pues los familiares son secuestrados y las negociaciones quemadas.

González Guzmán refirió que en entidades como el estado de México, Chihuahua y Durango han considerado que ceder a las exigencias del crimen organizado resulta mucho más conveniente que pagar un vigilante desarmado para que cuide la negociación, ya que si bien se paga tres veces ese precio, hacerlo permite que las familias y sus propiedades no sean afectadas.

“Las extorsiones se pagan porque las autoridades poco hacen, como ocurre en Ciudad Juárez, donde los operativos policiacos no han dado resultados y la ola de violencia se incrementa cada día. Asimismo, en este momento, tenemos dos casos de comerciantes secuestrados en los que las autoridades no dan visos de solución.”

Respecto de Ciudad Juárez, abundó: “ante los reclamos de seguridad de los ciudadanos juarenses, el presidente Felipe Calderón dijo que la seguridad mejoraba, pero resulta escandaloso que, mientras el titular del Ejecutivo jugaba una cascarita con el alcalde para proyectar una imagen de normalidad en Juárez y negar la realidad, en ese preciso momento una comerciante de la central de abasto era secuestrada.

El Presidente de la República no quiere ver la realidad y da a entender que los juarenses son sicóticos por hacer caso a sus vivencias cotidianas y no aceptar el discurso oficial de que existe mejoría en materia de seguridad, señaló.