El Senado de la República aprobó ayer la Ley de Asociaciones Público-Privadas, reforma presidencial discutida durante un año en Xicoténcatl, la cual, según advirtió en tribuna el petista Ricardo Monreal, subasta el futuro del país, al entregar a consorcios nacionales y trasnacionales todos los servicios y obras que son responsabilidad del Estado.

Con excepción de la industria petrolera, los demás sectores, incluida la electricidad, se privatizan, ya que los capitales particulares podrán participar, financiados además con recursos públicos en la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, cárceles, e incluso administrarlos, con contratos hasta por 40 años.

En entrevista, el senador del PRI Francisco Labastida Ochoa sostuvo que la reforma de Calderón fue modificada a fondo en 80 por ciento, ya que tal como venía era el proyecto más desmantelador del sector público que, dijo, ha conocido en 48 años de laborar en la administración pública federal. Sin embargo, confió en que en San Lázaro se lleven a cabo otros cambios para cerrar la posibilidad de asignaciones sospechosas que beneficien a grupos de amigos.

La reforma, que en dos ocasiones fue frenada por el PRD y PT –la primera el 29 de abril pasado, cuando sólo se aprobó en lo general, y el pasado jueves quedó también pendiente cuando los perredistas rompieron el quórum–, ayer quedó aprobada con 85 votos a favor y ocho en contra y pasó a la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo.

Ya no hubo debate. Monreal intentó reabrirlo, al demandar que se votaran los artículos que él reservó y que su bancada retiró en la sesión del jueves, a la que él no asistió, ya que se encontraba en Ginebra, en una reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial. No tuvo éxito.

El coordinador petista insistió: Se trata de la ley más agresiva sobre privatización de la que tengamos memoria. Escatima la responsabilidad del Estado mexicano como rector del desarrollo, ya que pasará a ser un mero gestor y administrador de contratos para el sector privado.

Monreal advirtió que la ley es una camisa de fuerzas para futuras administraciones, ya que tendrán que priorizar las obligaciones contraídas por gobiernos anteriores.

Además, la Ley de Asociaciones Público-Privadas subasta el futuro del país, toda vez que las obligaciones económicas asumidas por el Estado no serán contabilizadas como deuda, sino como gasto corriente, evadiendo el control del Congreso..

Si ya de por sí la corrupción avasalla las licitaciones públicas, ¡imaginen lo que sucederá si se deja el otorgamiento de contratos de forma discrecional!

Hubo cambios en 32 artículos y se agregaron dos para evitar que empresas privadas nacionales y extranjeras se apoderaran de la infraestructura ya existente, según contó Labastida. Las asociaciones público privadas, dijo, son sólo para obra nueva.

El priísta explicó que eliminaron la posibilidad de que el Estado contrate obras o servicios con fideicomisos, la opacidad en la asignación de contratos; que en el caso de expropiación de tierras se respeten las disposiciones de la Ley Agraria, para garantizar el derecho de audiencia del dueño original, y que los terrenos no puedan usarse mientras no se haya cubierto su costo a los afectados.

Sin embargo, el senador del PRI reconoció que falta incluir en la ley la prohibición expresa de garantizar rendimientos o ganancias a las empresas contratistas.

Además, se deben modificar leyes secundarias, a fin de establecer que la iniciativa privada no podrá participar bajo esa modalidad, en actividades como la seguridad pública, donde se requiere secreto para que la información no pueda filtrarse y beneficiar al crimen organizado.