esde octubre de 2008, el Código Civil del Distrito Federal permite que las personas que se sometan a tratamientos médicos de reasignación de sexo obtengan acta de nacimiento con los datos correspondientes a su nueva identidad. Por razones administrativas se limitó tal derecho a los nacidos en la capital, pues las actas originarias asentadas en otras entidades no están a disposición del Registro Civil local y no es posible, en consecuencia, realizar las anotaciones pertinentes. Sin embargo, la tercera sala familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) determinó ayer que la exclusión es discriminatoria y estableció la procedencia de documentar, mediante actas de nacimiento, a las y los transexuales originarios de otras entidades, a condición de que puedan comprobar una residencia mínima de seis meses en la capital del país.
Lo anterior es digno de mención porque contribuye a resolver la marginación en que viven buena parte de los transexuales en México. Esta marginación, reforzada por los prejuicios y las fobias sociales, se origina en la imposibilidad de esos ciudadanos de obtener documentos de identidad acordes con su aspecto y en su consiguiente exclusión de los mercados laboral e inmobiliario, del sistema bancario y de todos los otros ámbitos en los que se requiere una credencial oficial vigente. Tales circunstancias, a su vez, dejan a muchos transexuales en condiciones de extremada desprotección legal y jurídica, en la imposibilidad de alquilar vivienda o contratar servicios básicos, y orillan a no pocos de ellos a la prostitución como única posibilidad de supervivencia.
La decisión del Poder Judicial capitalino dará a muchos ciudadanos transexuales la oportunidad de contar con documentos regulares y les ofrecerá con ello la posibilidad de incorporarse a las actividades productivas formales, a tramitar pasaporte, credencial de elector y licencia de conducir, a disponer de cuentas bancarias e incluso a trámites tan sencillos como contratar líneas telefónicas sin tener que enfrentarse a la amarga disyuntiva de recurrir a prestanombres, llevar una doble vida o renunciar a las actividades correspondientes. Ciertamente, el fallo no disipará, por sí mismo, las distorsiones morales y culturales que alimentan el rechazo social contra las identidades sexuales minoritarias, pero cuando menos impide que el entorno administrativo gubernamental legitime tales distorsiones. Aún así se trata de una medida parcial e insuficiente que no elimina la necesidad de pugnar por la necesaria transformación de alcance nacional en materia de derechos individuales, reproductivos y de género que erradique para siempre y de manera definitiva la discriminación por género, identidad y orientación sexual.
Pero, como ocurre ya con las mujeres de otras entidades que se ven en necesidad de interrumpir el embarazo, la capital de la República brinda a los transexuales una ventana de libertad y tolerancia inapreciable ante las tendencias de conservadurismo cavernario como las que expresó hace unos días el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. En contraste, los avances logrados por la sociedad capitalina en materia de libertad, equidad, tolerancia y respeto constituyen un motivo de orgullo y de esperanza que debe ser saludado.
