Por segunda ocasión, el PRD logró frenar la aprobación del dictamen sobre la ley de asociaciones público-privadas, iniciativa del presidente Felipe Calderón enviada al Congreso, que abriría la puerta a la privatización de todos los servicios y obras del sector público mediante el otorgamiento de contratos hasta por 40 años a particulares, en los que se garantiza la rentabilidad de sus proyectos sin importar que el Estado asuma las pérdidas.

La votación del dictamen estaba por concluir. La fracción del PAN y la mayoría de senadores de PRI y PVEM ya habían desechado los cambios a los artículos reservados el 29 de abril pasado –día en que se pospuso por primera vea la discusión– pero los perredistas advirtieron que muchos legisladores del blanquiazul y del tricolor se habían retirado del recinto y decidieron no votar para reventar el quórum.

El presidente de la mesa directiva en funciones, el priísta Francisco Arroyo Vieyra, valoró que faltaba un senador para tener los 65 del quórum reglamentario y decidió dar por concluida la sesión.

En tribuna, el perredista Pablo Gómez recriminó a sus pares la decisión de pasar por encima de todo, ya que la mayoría PRI-PAN rechazó modificar 13 artículos reservados.

Con los cambios propuestos los opositores pretendían impedir que esos contratos operen en áreas de seguridad pública, salud y educación, por el riesgo que representa, por ejemplo, concesionar a particulares la construcción de cárceles y su administración.

Panistas y priístas tampoco aceptaron garantizar que en los contratos hubiese componentes nacionales para proteger a la industria mexicana, ni que las inversiones particulares fuesen fiscalizadas por la Cámara de Diputados, ya que se trata de recursos públicos. Asimismo, rechazaron que se haga público el monto del endeudamiento.

Por eso el perredista Pablo Gómez exclamó en tribuna: ¡No es así como se promueve la creación de infraestructura; se trata sólo de procurar buenos negocios para sus amigos del sector privado, se trata de corrupción!

Presiones de Hacienda

En la bancada del PRI varios legisladores estaban inconformes, porque el senador Eloy Cantú les aseguró que se harían cambios al dictamen, pero no se hicieron. Además, desde temprano debieron soportar la presión de cinco cabilderos de la Secretaría de Hacienda, que trataron de convencerlos de aprobar en sus términos el dictamen que se presentó al pleno el pasado 29 de abril.

En esa fecha lograron que se eliminara de la fracción décima del artículo 92 la prohibición de garantizar rentabilidad a las empresas privadas.

Ayer, los cabilderos de Hacienda pretendían que no se eliminara del artículo 91 la posibilidad de que el Estado contrate obras y servicios con fideicomisos. Los legisladores del PRI no estuvieron de acuerdo. Argumentaron que eso sería contratar con desconocidos y se prestaba a la opacidad total.

El priísta Eloy Cantú, presidente de la Comisión de Comercio e impulsor de la iniciativa del Ejecutivo, presentó al pleno la propuesta de modificación al artículo 91, que señala: el contrato de asociación público-privada sólo podrá celebrarse con particulares y personas morales.

Gómez Álvarez consideró que prácticamente era lo mismo y recordó que el Fobaproa fue un fideicomiso privado creado con recursos públicos.

El senador Francisco Labastida, del PRI, intentó destrabar la discusión y propuso que en el texto se incluyera la prohibición de contratar con fideicomisos, pero más tarde la retiró.

En nombre del PRD, el senador Francisco Javier Castellón propuso modificar el artículo 96, con el propósito de que los recursos de dependencias, gobiernos estatales y municipales, entregados a particulares sean fiscalizables, pero la mayoría ni siquiera aceptó discutirlo.

Sólo se aprobó eliminar la palabra fideicomiso, que aparecía en ese artículo.

Cuando concluyó la sesión, el senador Pablo Gómez aclaró que se abstuvieron de votar y con ello romper el quórum, para no avalar un cochinero de ley, un intento de privatización corrupta, unos contratos buenísimos para hacer negocios privados con bienes públicos.

Labastida Ochoa comentó que intentará que se acoten las partes del dictamen que más preocupan a los legisladores. Aseguró que la iniciativa original del Presidente era el proyecto más desmantelador y destructivo del gobierno federal y sus instituciones que se ha conocido en 48 años en el sector público.

Su compañero de bancada, el senador Cantú, dijo confiar en que el próximo martes se aprobará la ley.