on el apoyo de casi todas las bancadas legislativas, excepto la de Acción Nacional, la Cámara de Diputados aprobó ayer presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por el decreto presidencial –publicado el pasado 2 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación– que adelanta la transición de televisión analógica a digital para finales de 2015. A decir de los legisladores, el Ejecutivo federal se extralimitó en sus funciones al emitir el decreto referido, invadió facultades exclusivas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones –instancia encargada de resolver los temas relativos a radio y televisión– y vulneró, con ello, la autonomía de ese organismo.
La decisión adoptada ayer en San Lázaro es positiva y saludable: con ella los integrantes del Poder Legislativo ejercen funciones de contrapeso a un Ejecutivo federal excedido y proclive a la toma unilateral de decisiones que, ante todo, requieren de un mínimo consenso y de pleno apego a derecho.
Un antecedente ineludible es la determinación adoptada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de entregar los títulos de concesión correspondientes a la llamada licitación 21 a contrapelo de resoluciones judiciales que ordenaban no hacerlo, y a pesar de que ese proceso ha estado marcado por la opacidad, la sospecha y la presumible ilegalidad. Por elementales razones de legalidad y decoro institucional, el Poder Judicial tendría que emular al Legislativo y emprender las medidas correspondientes para esclarecer y en su caso corregir las irregularidades en que pudo haber incurrido el gobierno federal.
Por otra parte, y con independencia de lo que determine el máximo tribunal sobre el decreto presidencial referido, la medida impulsada por la Cámara de Diputados es oportuna si se toma en cuenta que –como han señalado especialistas sobre el tema, legisladores de oposición y directores de sistemas de radio y televisión educativas y culturales– el adelanto del apagón analógico
sólo se explica como una medida electorera y como una forma de beneficiar los intereses del duopolio televisivo.
Sobre el primer punto cabe señalar que el referido decreto es acompañado por la creación de una comisión intersecretarial
, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Social y encargada de distribuir equipos digitales en los hogares del país a partir del año entrante, en lo que ha sido denunciado como una ampliación del uso clientelar y electorero de los programas sociales federales.
En lo que toca al segundo, es pertinente traer a cuento los términos del acuerdo original sobre la transición a la televisión digital –redactado el sexenio pasado con la asesoría de Televisa y Tv Azteca– en el que se fija 2021 como fecha límite para el apagón analógico
. Dicho acuerdo permitió a las empresas de medios electrónicos extender automáticamente hasta ese año sus concesiones televisivas –94 por ciento de las cuales están en poder de las televisoras del Ajusco y Chapultepec–, les asignó canales adicionales y limitó la posibilidad de que otros competidores obtuvieran nuevas frecuencias o pudieran ofrecer servicios de telefonía, Internet o televisión restringida.
Significativamente, aunque el decreto del pasado 2 de septiembre tiene el propósito declarado de promover una mayor competencia en el ámbito de las telecomunicaciones, en él no se prevén medidas claras para revertir esa desmesurada concentración ni para dar paso a la entrada de nuevos competidores.
Cabe esperar que la determinación adoptada por el pleno de San Lázaro tenga el efecto de corregir una decisión que resulta benéfica para intereses particulares y lesiva para el país. Mas aún, es necesario que los legisladores avancen en una reforma integral de las telecomunicaciones que ponga fin al control oligárquico de ese sector y coloque a las frecuencias nacionales –que son, cabe recordar, una extensión del territorio– al servicio de la población.
