México necesita de manera urgente una legislación de las prácticas de reproducción asistida, ya que millones de mexicanos enfrentan problemas de infertilidad, coincidieron en señalar académicos durante un foro sobre el tema efectuado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que señalaron que la ley debe tener bases científicas y dejar a un lado criterios religiosos, morales y políticos.

Por su parte, la Arquidiócesis de México, desde un punto de vista ético y moral, reprobó el proyecto de ley de reproducción humana asistida presentado en la Comisión de Salud del Senado, al considerar que este tipo de método para la fertilidad cosifica al ser humano. A su vez, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó su extrañeza por el aplazamiento de la discusión del dictamen de dicha ley, porque la hemos estado impulsando y hemos estado metidos en el tema.

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, académicos y especialistas coincidieron en enfatizar la necesidad de que se legisle en la materia, para responder a las necesidades de miles de ciudadanos.

Gerardo Barroso, investigador en salud reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología, aseveró que uno de cada tres mexicanos padece infertilidad, problema que se presenta más en los hombres.

A escala mundial, 15 por ciento de la población tiene problemas de infertilidad, hay 80 millones de infértiles en todo el mundo. En México, según el Consejo Nacional de Población, 17 por ciento de las personas en edad reproductiva (entre 18 y 44 años) padecen este problema.

Agregó que este fenómeno se ve cada vez más en los hombres, pues hasta 60 por ciento de la población masculina en edad reproductiva presenta este problema, sobre todo por la falta de calidad en los espermatozoides.

Barroso consideró que las reformas relacionadas con la reproducción asistida que el Congreso de la Unión analice tienen que basarse en los lineamientos y normatividad adecuados, para las necesidades de México. Pero también –dijo– hay que ser responsables: tenemos que cumplir con los objetivos reproductivos para parejas que tienen el derecho de concebir, que esto se haga de forma tecnológicamente adecuada y que estas leyes favorezcan al paciente y también a los servidores y prestadores de servicios, para que realicen su labor en forma adecuada.

Por su parte, Javier Flores, de la Facultad de Medicina de la UNAM, sostuvo que la normativa sobre el tema debe ser discutida y aprobada dejando a un lado los criterios políticos y religiosos.

Señaló que los sectores sociales y los legisladores que se oponen a la aprobación de estas reformas parten de principios semejantes a los que expresan en debates sobre clonación terapéutica, interrupción del embarazo o los matrimonios y adopción entre personas del mismo sexo.

Al fijar la postura del arzobispado, el vocero de la arquidiócesis, Hugo Valdemar, manifestó que se trata de un punto de vista ético y moral, por lo que esa visión, a veces histérica de algunos, de que la Iglesia católica interviene en el Estado laico, no es verdad.

Es, abundó, una preocupación que igual expresa el Papa en su enseñanza y catequesis; pero de allí a que obliguemos al Senado o a los diputados a ceñirse a nuestra visión moral hay un abismo.

Reconoció que si bien el dictamen de la ley general de reproducción humana asistida “tiene un fin bueno –que las parejas con problemas de fertilidad puedan tener la posibilidad de concebir un hijo–, los medios no los consideramos éticamente adecuados.

A su vez, el secretario de Relaciones de la CEM, Manuel Corral, informó que desde el año pasado representantes de la Iglesia católica han sostenido encuentros con legisladores para conocer el contenido del proyecto de ley. En esas reuniones “nosotros habíamos insistido en el tema más polémico, el vientre subrogado –porque en los demás más o menos se estaba de acuerdo–, que no se permitiera a una persona que alquilaba el vientre después abortar, pues es una contradicción”.