ás tardó el presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados en tomarle la protesta de decir verdad a Juan Molinar Horcasitas, que éste en violar su compromiso de proceder en tal sentido y mentir abiertamente a los inquilinos de San Lázaro. En su comparecencia del pasado viernes, el secretario de Comunicaciones y Transportes aseguró ante los legisladores presentes que tratándose de las impugnaciones a la licitación 21 no descartaría ninguna medida legal emitida por un juez; por el contrario, se presentarán ante los tribunales todos los argumentos de la SCT para hacerlos valer en los tribunales, y la actuación que ha seguido la Secretaría en ese terreno lo ratifica. Lo que se ha hecho es acudir ante los tribunales, exponer nuestras razones y defender el interés público ante cada uno de los jueces.

A eso se comprometió el pasado viernes ante los diputados de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, mientras en su oficina rápidamente le ponían moño a los títulos de concesión que ese mismo día y a toda prisa entregaría a Televisa-Nextel, de tal suerte que no sólo mintió a los citados legisladores, sino que abiertamente violó el artículo 69 constitucional. Ese día en San Lázaro el numerito completo se dio así: ciudadano Juan Francisco Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, hago de su conocimiento que comparece ante estas Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes bajo protesta de decir verdad de conformidad con el Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pido al ciudadano Juan Francisco Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, que con base en lo anterior y con fundamento en lo señalado en el Artículo antes citado, si protesta usted decir verdad ante estas Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes ante las que comparece. Maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas: sí, protesto. Diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: sí así lo hiciera y enterado de los alcances y consecuencias de ello lo reconoceremos, y si no, la nación que se lo demande.

Pues bien, sobran elementos para demandarlo no sólo por mentiroso y por violar el citado artículo constitucional, sino por afectar el patrimonio nacional, por regalar lo que no es suyo, por no cuidar lo que por ley está obligado a cuidar. En el descaro absoluto, una vez entregados los títulos de concesión, Molinar Horcasitas reconoció que sí fue notificado en tiempo y forma (la víspera de su comparecencia ante los diputados y de la entrega de los citados títulos) de una nueva resolución judicial que le impedía proceder en tal sentido, y sin embargo lo hizo, porque una de las empresas más interesadas (Televisa-Nextel) prefirió que se los dieran antes, es decir, cuidó el interés empresarial y no el nacional.

La Jornada lo resumió así: “el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, reconoció que sí fue notificado sobre la decisión del juzgado 16 del séptimo circuito en materia federal, radicado en Córdoba, Veracruz, emitida el pasado 30 de septiembre, para evitar la entrega de los títulos de concesión del espectro radioeléctrico en 1.7 y 1.9 de banda ancha. Sin embargo, la calificó de ‘notoriamente improcedente’ y allanada legalmente, de acuerdo con lo que le informó su área jurídica. Por ello decidió entregar los títulos de concesión desde el sábado”.

Entonces, con el aval del inquilino de Los Pinos (el cual quedó claro en la defensa pública que de su amigo hizo el pasado lunes en Guadalajara), Molinar Horcasitas abiertamente mintió, se pasó a los diputados por el arco del triunfo, desacató un mandato judicial y privilegió intereses particulares sobre los nacionales (los que por ley está obligado a cuidar). ¿Allí queda la cosa? ¿Los inquilinos de San Lázaro se sienten tan poca cosa que dejarán pasar este agravio? Si lo hacen es su problema, pero se supone que están donde están porque están obligados por ley a cuidar el interés de la nación, de tal suerte que deberán proceder en contra de este nefasto personaje de la vida pública del país y no quedarse en la recurrente amenaza de juicio político. No pueden olvidar que el mismo día de la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes uno de los legisladores mostró públicamente la resolución judicial que ordenaba la suspensión de la entrega de los títulos de concesión de la licitación 21, la misma que el funcionario conocía y desacató.

Lo mejor del caso es que Felipe Calderón asegura que con los resultados de la licitación 21 su gobierno, como le llama, no otorga privilegios y trabaja para quienes menos tienen. ¿Imagínense si trabajara en contra de ellos? Entonces, los inquilinos de San Lázaro deben actuar con la misma rapidez y contundencia con la que Molinar Horcasitas actuó en el caso de los títulos de concesión favorables a Televisa-Nextel. Así, no sólo erradicarían un verdadero peligro para el interés nacional, sino que resguardarían los bienes de todos los mexicanos.

Iusacel, una de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, ha sido la que mayores recursos legales ha interpuesto para detener la entrega de los títulos de concesión a Televisa-Nextel. No es precisamente un consorcio (mucho menos su dueño) con calidad moral para reclamar cochupos o negocios sucios con y desde el poder. Negro historial tiene el de los abonos chiquitos como para envolverse en la bandera de la ética. Pero ese no es el problema, sino que funcionarios como Molinar Horcasitas y su patrón se presten a este tipo de chanchullos y los disfracen de legalidad y de interés nacional. Por eso está el país como está.

Las rebanadas del pastel

Si Molinar Horcasitas hubiera sido tan rápido en el caso de Mexicana de Aviación como lo fue en el de los títulos de concesión para Televisa-Nextel, probablemente la aerolínea se mantendría en operación, no estaría en condiciones de quiebra, los trabajadores seguirían cobrando sus quincenas, miles de consumidores no estarían pariendo para que le regresen su dinero por la compra adelantada de pasajes de avión y el erario no habría arriesgado cuando menos 310 millones de pesos por la firma de contratos para la compra adelantada de boletos con la empresa saqueada por Gastón Azcárraga ante la impasible mirada de la autoridad. En efecto, diversas dependencias del Ejecutivo comprometieron dicha cantidad, mediante la firma de contratos con Mexicana de Aviación (la mayoría por adjudicación directa). Entre ellas destacan la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (25 millones de pesos), la de Seguridad Pública (74 millones) y la Sagarpa (127 millones), así como el IMSS (57 millones) y el Instituto Mexicano del Petróleo (26 millones).

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