Una familia fue asesinada en San Miguel Ajusco, en la delegación Tlalpan, la madrugada de ayer, por un grupo armado de aproximadamente 15 hombres vestidos con uniformes de la desaparecida Policía Federal Preventiva.

De acuerdo con versiones policiales, los sujetos entraron al domicilio ubicado en Herradura y Guadalupe Victoria y ultimaron a Clemente Sánchez Salinas, de 51 años de edad. Después sacaron de la casa a una mujer y tres jóvenes, excepto a otro que dejaron esposado a una cama, quienes aparecieron muertos dentro de una camioneta Lincoln Navigator gris, placas LVE-6093, abandonada en el kilómetro 13 de la colonia Picacho-Ajusco, alrededor de las 7 horas.

Las fuentes indicaron que en el auto se encontró un mensaje de La Otra Administración –organización presuntamente ligada al cártel de La Familia Michoacana–, que en los últimos días se ha adjudicado el asesinato de otras cuatro personas en las delegaciones Cuajimalpa y Tlalpan.

Los hechos ocurrieron a las 3:50 horas, cuando los presuntos delincuentes irrumpieron en el inmueble entre disparos y gritos de ¿dónde está el dinero? Los primeros peritajes dieron cuenta de alrededor de 200 casquillos de bala calibre .223.

El cuerpo del padre de familia, ultimado de cuatro tiros, quedó en la recámara. Uno de sus hijos, de nombre Donovan, de 21 años, fue encontrado ileso, atado de los pies y esposado a la cama.

El joven señaló que la mujer que se llevaron era su mamá, a la que identificó como Irma Pérez Elisea, de 45 años, además de su hermano Giovanni Sánchez Pérez, de 25; su tío Diego Ulises Pérez Elisea, de 21, y su primo Luis Antonio, de 15.

La Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal afirmó que la múltiple ejecución tuvo como móvil un adeudo por cuestiones de narcomenudeo, toda vez que al momento del ataque exigían dinero, además de que en el domicilio se encontraron droga y varias básculas.

Clemente, Irma y sus dos hijos ya habían sido detenidos por ese delito en febrero de 2006, en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, en Tlalpan, luego de una denuncia ciudadana. Los jóvenes fueron aprehendidos en posesión de 240 grapas de cocaína, mariguana y diez pastillas sicotrópicas. Al enterarse de esto, los padres intentaron sobornar a los policías para que los dejaran ir, por lo cual también fueron apresados.

Sin embargo, fueron puestos en libertad por las autoridades federales días después, pese a ser un delito grave.