El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un proyecto de sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a la validez de que autoridades administrativas sancionen con trabajo en favor de la comunidad la infracción de leyes contra el consumo de drogas.

Ante el rechazo de su proyecto, el ministro ponente, Fernando Franco González Salas, aceptó que había una abrumadora mayoría en contra, por lo que optó por pedir que se sometiera a votación.

Con siete votos en contra, durante la sesión de ayer la propuesta fue desechada, por lo que será relaborada por otro ministro y presentada para su análisis y discusión en fecha próxima.

En la acción de inconstitucionalidad, la procuraduría impugnó tres artículos de la Ley de Prevención de las Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del estado de Yucatán.

La PGR destaca que las disposiciones impugnadas facultan a autoridades administrativas a imponer como pena una sanción consistente en obligar a los infractores a la realización de trabajos en instituciones públicas, educativas o de asistencia social.

Lo anterior, agrega, contraviene el artículo 21 constitucional, el cual señala que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial.

Además, en el artículo 18 de la Carta Magna se distingue entre la imposición de penas, que corresponde a la autoridad judicial, y la ejecución de éstas, facultad de la autoridad administrativa, expone.

Añade que se transgrede también el artículo quinto constitucional, el cual señala que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento.