Morelia, Mich., 4 de octubre. ¡Ya fuimos detenidos, vejados, torturados, procesados y liberados! ¡Déjenos vivir en paz!, exigieron los funcionarios y ex servidores públicos involucrados en el llamado michoacanazo, ante la nueva embestida que, a su parecer, montó el gobierno federal en su contra.

En conferencia de prensa, criticaron las declaraciones del presidente Felipe Calderón respecto de su inconformidad por las resoluciones judiciales que los favorecieron; la queja contra el juez primero de distrito del estado que dictó su libertad, Efraín Cázares López, presentada ante el Consejo de la Judicatura, y las justificaciones que ha hecho sobre el caso el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.

Además, responsabilizaron al Ejecutivo federal de cualquier agresión física y moral en su contra, así como a la integridad de sus familias.

Dieciséis de los afectados –en representación los 34 detenidos el 26 de mayo de 2009– realizaron un pronunciamiento público, en el cual destacaron que fueron puestos en libertad porque confiamos y recurrimos a los instrumentos legales que nos otorga la Constitución y el sistema jurídico mexicano para demostrar nuestra inocencia, sobre todo en el Poder Judicial de la Federación, único facultado constitucional y legalmente para juzgar nuestra inocencia o culpabilidad.

También demandaron un alto al linchamiento público y mediático del que ellos y sus familiares han sido objeto durante los últimos 16 meses. Sólo pedimos ser tratados como cualquier ciudadano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, dijeron.

Pidieron a la sociedad civil que se pronuncie por el cese de la persecución política y la criminalización de inocentes.

Asimismo, llamaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que intervenga para que se exija el cumplimiento de la recomendación 72/2009, emitida el 30 de octubre de 2009, en la que ese organismo dio cuenta de la violación de sus garantías.