Quito, 4 de octubre. El gobierno de Ecuador, que hoy aceleró la aplicación de medidas contra policías insubordinados el jueves pasado y profundizó la investigación tendiente a identificar a los cabecillas e infiltrados, reiteró su denuncia acerca de que los partidos políticos de oposición mantuvieron un silencio cómplice durante la sublevación, las agresiones al presidente Rafael Correa y el cautiverio que le fue impuesto durante 12 horas.

La ministra de Política, Doris Solís, insistió en la denuncia hecha por Correa el jueves por la noche sobre la actitud de diputados que no se pronunciaron contra la revuelta, y señaló que los legisladores expresaron posiciones ambiguas en la Asamblea Nacional.

Sobre esos hechos, el analista Hernán de Reyes, de la Universidad Andina Simón Bolívar, hizo notar que hubo asambleístas, como Lourdes Tibán –representante de un sector indígena que ha tenido enfrentamientos políticos con el mandatario–, que incluso emitieron un comunicado para elogiar los actos de insubordinación. ¡Bien, señores policías y militares, mil veces bien. Ya era hora de que dejen de ser simples tropas!, escribió Tibán.

Solís y De Reyes hicieron estos planteamientos en momentos en que políticos opositores como Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, y el diputado César Montúfar, de Concentración Democrática, volvieron a negar la versión ofrecida por Correa de que la asonada policial constituyó una intentona golpista.

Fue una huelga policial que se llevaría puertas adentro por dos horas, pero el presidente la complicó, dijo Gilmar Gutiérrez, hermano del ex presidente Lucio (2003-2005), ex coronel del ejército, señalado por el mandatario como promotor de la revuelta, bajo la operación de militantes de Sociedad Patriótica, uno de los partidos de la atomizada oposición, principalmente de derecha.

La ministra contrastó la postura de estos políticos con la de Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, capital económica ecuatoriana, quien dio una muestra de madurez al manifestar que ningún problema, por grave que sea, puede resolverse con violencia y falta de respeto a la Constitución y la ley.

La movilización policial ocurrió en protesta por la aprobación, el miércoles pasado, de la Ley Orgánica del Servicio Público que se aplica desde este lunes a todos los empleados de la administración central y elimina bonificaciones extraordinarias a militares y a 42 mil miembros de la policía nacional, que fueron integradas a su salario mensual.

El ministro de Defensa informó que Correa aumentó este lunes los salarios para cuatro rangos de policías y militares entre 400 y 500 dólares, y dijo que las bonificaciones eliminadas serán remplazadas por un nuevo sistema de incentivos que se está conformando.

Para responder por la vía legal a la sublevación, en la que el mandatario estuvo al borde la muerte, el renovado alto mando policial ordenó el retiro de sus armas de cargo a los agentes motorizados, sector que tuvo activa participación en la represión de simpatizantes de Correa que trataron de rescatarlo del hospital donde estuvo cautivo.

El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, informó que los elementos del Regimiento Quito número 1, donde tuvo lugar la agresión a Correa, trabajan por separado y están bajo vigilancia interna. Precisó que a varios jefes policiales se les retiró del mando y dijo que la fiscalía general trata de identificar a los cabecillas e infiltrados en fotografías, videos y registros de comunicación institucional. El sábado, el órgano investigador levantó cargos contra tres coroneles.