Quito, 3 de octubre. Ecuador se dispone a adoptar este lunes una norma que desató acciones de insubordinación policial el jueves pasado, lo que fue denunciado por el presidente como un intento de golpe de Estado y magnicidio. Este domingo venció el plazo para que la Asamblea Nacional reconsidere los términos de la Ley Orgánica del Servicio Público, que eliminó bonificaciones extraordinarias a la policía nacional y las integró al salario mensual de los uniformados.

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, confirmó que el Poder Legislativo unicamaral no convocó a sesión alguna para este fin de semana y por lo tanto ya no habrá más debate parlamentario en torno a una legislación de 137 artículos que fue aprobada el miércoles pasado.

La norma es parte de un conjunto de reformas que el presidente Rafael Correa ha impulsado desde que asumió el poder, en enero de 2007, con miras a recuperar el control estatal de la economía, los recursos naturales y la austeridad administrativa. El mandatario intensificó estos cambios después de que su partido, Alianza País, consiguió la aprobación de una nueva Constitución en 2008 y, según la nueva ley fundamental, ganó la relección en 2009.

Incorpora ingresos adicionales a sueldos de policías

La ley, válida para toda la burocracia de este Estado de administración centralizada, eliminó a policías y militares los reconocimientos económicos que obtenían desde los 15 hasta los 39 años de servicios y derogó la entrega de medallas, botones, anillos, canastas navideñas, bonos y otros beneficios materiales. Todos esos ingresos adicionales fueron incorporados a los sueldos mensuales, de manera que un policía raso gana actualmente 792 dólares, poco más del triple del salario mínimo general.

Correa advirtió el jueves por la noche que la ley no será modificada y aseguró que durante las 12 horas en que estuvo secuestrado por policías se le pidió a cambio de su liberación que aceptara la revocación de la norma, lo que no corresponde al Ejecutivo, sino a la Asamblea Nacional. La revuelta policial, que terminó con el asalto militar al hospital donde el mandatario estaba cautivo, dejó un saldo de 10 muertos y decenas de heridos.

La diputada dijo que los recortes económicos se verán compensados por el aumento salarial de 80 por ciento que han recibido los policías durante los casi cuatro años del gobierno de Correa.

Tras la revuelta policial, el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, informó que el país se normaliza al paso de las horas y se espera que este lunes sea total, cuando las actividades económicas, el gobierno y las escuelas vuelvan a sus labores habituales.

Carvajal dijo que si bien el fin de semana la presencia del cuerpo policial –con 42 mil elementos– fue parcial en las calles, esto se debió a que a raíz de los hechos del jueves hubo una merma de uniformados, derivada de los cambios administrativos y de comandantes de grupos.

El estado de excepción, que fue decretado hace tres días, seguirá vigente hasta el martes, en principio, precisó Carvajal. Explicó que en virtud de esta situación extraordinaria el ejército continuará ejerciendo funciones policiales de control y orden público.