En la redefinición de una política aeronáutica nacional de largo alcance se requiere la creación de un consejo consultivo de aviación, organismo autónomo e independiente del gobierno que reuniría a aerolíneas, operadores de aeropuertos, trabajadores (pilotos, sobrecargos y empleados de tierra) e inversionistas del sector, resaltó el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta).

Desde la perspectiva de este gremio, la carencia de una política integral en el sector ha provocado que las aerolíneas se estén despedazando en la búsqueda desmesurada por la utilidad, generando con ello, en gran parte, la desaparición de algunas empresas, donde los trabajadores y usuarios son los sectores más afectados.

Categoría degradada

La reciente degradación de México a categoría 2 por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés), con lo cual ninguna aerolínea nacional puede incrementar sus destinos y frecuencias a territorio estadunidense, es otra prueba de esta deficiencia y de la falta de recursos y atención gubernamental a este sector.

En respuesta a la convocatoria lanzada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para redefinir la nueva política aeronáutica nacional, el Sinacta señaló que actualmente todo el sector aeronáutico coincide en la necesidad urgente de contar lo más pronto posible con una política aeronáutica nacional de largo alcance, que trascienda los sexenios y dé certeza respecto a las reglas del juego.

La propuesta de crear el consejo consultivo de aviación no tiene intención alguna de sustituir a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ni a ninguna otra autoridad, sino fundamentalmente ser un órgano consultor del gobierno en materia aeronáutica.

Ángel Iturbe Estrop, secretario del trabajo y vocero del sindicato, explicó que la figura del consejo ya existe en otros países. Por ejemplo, dijo, en Estados Unidos el equivalente a la DGAC es la FAA, que depende directamente del Ejecutivo, pero hay otro órgano, la Agencia de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), que es lo que nosotros recomendamos para México sólo en el transporte aéreo. La NTSB es el organismo encargado en ese país de investigar los accidentes aéreos.

Piden certeza y certidumbre

En la propuesta del Sinacta se establece que el gobierno mantendría todas las facultades reguladoras que corresponden al Estado, mientras el consejo se encargaría de apoyarlo como actor independiente para que se tomen las mejores decisiones en el sector, pues en ellas estarían incluidos todos los actores.

Una de las grandes deficiencias que durante décadas ha tenido el país es la ausencia de políticas aeronáuticas sólo de coyuntura, donde hay cambios sucesivos, incluso dentro de un mismo sexenio.

Lo que necesita el país es una política de Estado, de mediano y largo plazos, que dé certeza y certidumbre a todos los actores; que cuente con suficientes recursos económicos, humanos, técnicos y legales, además de entender que este sector es prioritario para la economía nacional, señaló en entrevista el vocero de Sinacta, quien delineó algunas propuestas que presentarán los controladores.

En atención a la temática de la convocatoria gubernamental, se incluyen programas efectivos de capacitación para los controladores de tránsito aéreo, como piden las recomendaciones internacionales, pues desde hace tiempo han sido un sector muy golpeado por la escasez de recursos.

Nos preocupa que se dé un servicio seguro y eficiente. La seguridad debe estar primero, y en ella no se deben escatimar recursos, agregó.

En entrevista, el vocero del Sinacta lamentó, sin embargo, que la convocatoria no plantee trascender más allá de las leyes secundarias, pues es necesario que intervenga el Congreso e ir a fondo en las leyes, como forma de que esta política trascienda los gobiernos sexenales.

Iturbe consideró que la competencia rabiosa que viven las aerolíneas afecta el servicio de transportación aérea, que para el gobierno debe ser de interés público. Es cierto, es un negocio de particulares, pero se basa en la explotación de un bien nacional, que es el espacio aéreo, y en esa medida el gobierno está llamado a ser un ente rector, en el que no se deje todo a la ley de la oferta y la demanda.