a Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inició la entrega de títulos de concesión por la llamada licitación 21, otorgada al consorcio conformado por Televisa y Nextel. De tal forma, la dependencia a cargo de Juan Molinar Horcasitas dio por terminado uno de los episodios más polémicos en lo que se refiere al otorgamiento de licitaciones sobre frecuencias del espectro radioeléctrico, por más que persistan recursos de inconformidad legal interpuestos por otras empresas de telecomunicaciones –caso concreto de Iusacell, de Ricardo Salinas Pliego–; medidas precautorias emitidas por integrantes del Poder Judicial que ordenan detener la entrega de los títulos de concesión, y señalamientos diversos por el daño ocasionado durante este proceso al patrimonio público: ayer mismo, el diputado panista Javier Corral calificó de burla la entrega de los títulos referidos e insistió en que la medida significará un agravio al fisco por un monto de 4 mil 887 millones de pesos.

Los señalamientos sobre el desfalco patrimonial en que se habría incurrido con la entrega de la licitación 21 a Televisa, y las numerosas quejas de que esa determinación constituye una práctica desleal en términos de la competencia en telecomunicaciones –al favorecer a las empresas mencionadas en detrimento de otros concesionarios de radio y televisión–, habrían debido bastar para detener el proceso comentado, someterlo a revisión y escrutinio público y, en su caso, corregir la decisión, así fuera para conjurar la percepción generalizada de que una parte del territorio nacional –como es el espectro de frecuencias radioeléctricas– ha sido entregada a particulares en condiciones ventajosas y de dudosa legalidad.

No puede escapar al análisis el hecho de que, para consumar la entrega de esta licitación, el grupo gobernante tuvo que volver a recurrir al sabadazo. Si en política forma es fondo, el apuro por entregar los títulos de concesión referidos, y la manera sibilina y discrecional en que se gestionó y anunció dicha entrega, revelarían la esencia impresentable y contraria al interés nacional del proceso que se comenta.

Sin embargo, el gobierno federal no atendió a estas y otras consideraciones de elemental transparencia y corrección política, y optó por claudicar, en cambio, ante las presiones del principal grupo mediático del país. Así, la SCT quedó exhibida ante la opinión pública como gestora de intereses privados, con el agravante de que sus funcionarios reciben un pago proveniente de recursos públicos. Lo anterior es preocupante no sólo porque da cuenta de un poder político ejercido en forma discrecional, parcial y ajena al interés general, sino también porque prefigura un intercambio de bienes que son propiedad de la nación por favores mediáticos y político-electorales: si la televisora de avenida Chapultepec se ha distinguido por un empleo sesgado y abusivo de su título de concesión en lo que se refiere a la defensa de intereses políticos y económicos propios o afines, no es descabellado suponer que esta tendencia se acentuará en meses venideros, en beneficio del grupo que detenta el poder.

Con esta decisión, en suma, queda confirmado el carácter proempresarial del grupo que ocupa el gobierno federal, se introducen elementos de distorsión en el de por sí enrarecido panorama político nacional y se profundiza el descrédito de la actual administración y del conjunto de la institucionalidad del país.