La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) consumó la entrega de los títulos de concesión de la controvertida licitación 21 al consorcio formado por Nextel–Televisa, sin que valieran los reiterados exhortos del Poder Legislativo y las 69 demandas interpuestas ante el Poder Judicial por el Grupo Salinas para que interrumpiera el proceso, además de que aprovechó no haber recibido notificación alguna sobre la más reciente suspensión judicial que le impedía hacerlo.

Aunque en la licitación 21 se concursaron tres bloques de 30 megahercios cada uno, sólo Nextel-Televisa recibieron sus títulos de concesión para explotar una parte del espectro radioeléctrico por el que pagaron sólo 180.3 millones de pesos, el mínimo requerido por el gobierno federal, y que se ubica 28 veces por debajo de los más de 5 mil millones de pesos que en conjunto las empresas Telcel y Telefónica desembolsaron por otros dos bloques similares.

Una ganga que causa un daño patrimonial a la nación, según las reiteradas críticas que especialistas e investigadores en telecomunicaciones, empresas competidoras y legisladores de oposición hicieron a lo largo del proceso.

La entrega se concretó la tarde del viernes, después de que Juan Molinar Horcasitas, titular de la SCT, compareció durante casi siete horas en la Cámara de Diputados, donde diversos legisladores –incluido su correligionario del PAN, Javier Corral– lo acusaron nuevamente de haber diseñado una licitación para favorecer a Nextel y Televisa en la frecuencia de 1.7 gigahercios, la que por primera se concursa en el país y que les permitirá comercializar servicios de tercera y cuarta generación en telecomunicaciones. Los títulos de Telcel y Telefónica serán entregados en los próximos días.

No existía ningún obstáculo legal vigente para la entrega de los títulos, aseveró el secretario Molinar en una sorpresiva conferencia de prensa convocada a mediodía del sábado y en la que también participaron Peter Foyo y Gustavo Cantú, presidente y vicepresidente de Nextel en México.

Molinar Horcasitas mencionó que los directivos de Nextel le pidieron anunciar (la entrega) desde ya y no esperar hasta el lunes próximo como tenía previsto hacerlo de manera vistosa frente a decenas de concesionarios del sector y empresarios de 180 naciones durante la inauguración de la 18 Conferencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en Guadalajara.

Se abrió la ventana de oportunidad: Sánchez Henkel

Gerardo Sánchez Henkel, titular de la unidad de asuntos jurídicos de SCT, aseguró que aprovecharon la ventana de oportunidad que se abrió desde las nueve de la mañana del viernes cuando se les informó que el juzgado quinto de distrito en materia civil anuló la última suspensión judicial de la que fueron notificados y que les impedía entregar los títulos, emitida por el juzgado 29 de lo civil del Distrito Federal. Junto con los directivos de Nextel, sólo esperó que Molinar regresara de su comparecencia en San Lázaro para que firmara el papeleo.

Foyo y Cantú se congratularon por la decisión, fustigaron el retraso por los procedimientos judiciales, descartaron interponer una demanda penal contra el Grupo Salinas al señalar que en Nextel nos gusta competir en el mercado y anunciaron una inversión en México de 19 mil millones de pesos para los próximos cinco años y la creación de más de 7 mil empleos directos.

Según Sánchez Henkel, hasta ayer la SCT no había sido notificada formalmente de la nueva suspensión contra la entrega de los títulos que apenas el jueves pasado obtuvo el Grupo Salinas del juzgado 16 del séptimo circuito en materia federal, ubicado en Córdoba, Veracruz, de la cual conocía sólo por los medios.

No tenemos unas suspensión notificada formalmente a la SCT que impida esta entrega. Se abrió esta oportunidad. Quedó completamente allanado el camino. A primera hora del viernes fuimos impuestos de la suspensión de la medida cautelar del juez civil en el Distrito Federal y en ese preciso momento no había ni un sólo obstáculo ni impedimiento ni orden judicial de ningún tipo para proceder a la conclusión del proceso, remarcó Sánchez Henkel, quien respondió la mayoría de las preguntas en la conferencia de prensa aunque, contrario a su estilo, llegó a tropezar con las palabras o tartamudear en varias ocasiones.

Los funcionarios rechazaron que anunciar inesperadamente la entrega de los títulos a Nextel-Televisa en un día que no laboran los juzgados fuera un albazo y sabadazo. Sánchez Henkel aclaró que la SCT seguirá los procesos judiciales que siguen abiertos contra la licitación o cualquier otro recurso de amparo que se interponga pero no es un tema que deba preocupar a nadie y lo mismo dijo sobre cualquier acusación contra ellos por su desempeño como funcionarios públicos.

Desacato a mandato judicial, insisten

Israel Rodríguez J.

Salvador Rocha Díaz, abogado de Grupo Salinas, afirmó tras conocer la entrega del título de concesión de la licitación 21 a Nextel-Televisa, que a partir de este lunes se procederá legalmente en contra de esta decisión a todas luces ilegal.

Dijo que el argumento esgrimido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que no había recibido las notificaciones judiciales para suspender la entrega de los títulos que permitirán la explotación de una frecuencia de 30 megahercios por sólo 180 millones de pesos, es un discurso falso, porque “están claramente notificados y eso lo tendrá que determinar un juez cuando analice la responsabilidad en que incurre Juan Molinar, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en desacato a dos órdenes judiciales manifiestamente notificadas”.

En entrevista con La Jornada explicó que con esta decisión Molinar Horcasitas incurre en al menos tres tipos de responsabilidades que tendrá que desahogar en estas circunstancias.

La primera, dijo, es de carácter administrativo y consiste básicamente en que la autoridad judicial le ordene al secretario de Comunicaciones y Transportes que deje sin efecto el suscrito porque los títulos se entregaron en contra de los mandatos judiciales, que fueron ordenados por jueces federales.

En segundo término, abundó, hay una responsabilidad penal, por lo que habrá que presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que el agente del Ministerio Público federal determine si se cometió algún delito al desacatarse el mandato judicial federal.

Mencionó que el Código Penal Federal establece los diversos delitos en los que pueden incurrir los servidores públicos federales y sus posibles sanciones.

Dijo que se tendría que presentar la denuncia correspondiente y la analizaría la Cámara de Diputados, como jurado de acusación y luego la turnará al Senado para determinar las sanciones correspondientes.

Si se confirma que hay una responsabilidad política de Molinar Horcasitas será destituido e inhabilitado y eso es lo que va a suceder.

De principio actuaremos con la mayor rapidez posible, anticipó.

Este proceso ha sido cuestionado por la comunidad académica, el Congreso y algunos ex funcionarios porque se estima que el daño al erario al entregar una concesión a precio de ganga es de al menos 5 mil millones de pesos,

Rocha Díaz destacó que no cabe duda que el señor Molinar ha estado empeñado en lograr que no haya respeto al principio de libre competencia y un respeto a la legalidad.

Eso, dijo, es lo que nos ha mantenido activos y lo hemos hecho con toda la diligencia que el caso requiere y esto igualmente lo haremos con la misma diligencia.

Sin embargo, aclaró que en principio ahora corresponde a un juez tomar la decisión después de que analice la responsabilidad del secretario Molinar Horcasitas, al entregar los títulos de concesión en desacato a dos órdenes judiciales clara y manifiestamente notificadas.