Ex hacienda Cocoyoc, Mor., 1º de octubre. El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, dijo que Andrés Manuel López Obrador tiene todo el derecho de quejarse ante instancias nacionales o internacionales, y el Partido del Trabajo (PT) el de presentar otro material para sustituir al que salió del aire, donde el político tabasqueño anuncia que participará en las elecciones de 2012.

Al responder al anuncio de que López Obrador denunciará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar la Constitución y las garantías individuales al vetar la difusión del mensaje, Valdés recordó que el próximo proceso electoral comienza en octubre de 2011, e instó a respetar la ley.

Añadió, tras la inauguración del cuarto seminario Encuestas y Elecciones en México 2009-2012, que el PT debe seguir utilizando el tiempo que le corresponde por ley, para difundir su propaganda y mensajes con López Obrador o sin él.

Avizoró que la próxima elección presidencial será una de las más reñidas en la historia del país, y en caso necesario procederá un recuento de votos en todas las casillas que se instalen en el país. El sello distintivo será seguramente un escenario de altísima competitividad entre partidos, pero, gracias a la reforma electoral de 2007, se hicieron arreglos para que unos resultados muy cerrados no afecten la credibilidad, enunció.

Demandó a los participantes en el seminario que las firmas encuestadoras se perfeccionen para actuar con la mayor transparencia y brindar al ciudadano información verídica y confiable. Debemos prepararnos para consolidar una democracia competitiva como parte del cambio político, indicó.

Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica, dijo que en algunos estados el narcotráfico influye más en el sentido del voto y se volvió el poder fáctico de mayor presencia política, por encima de la Iglesia y los empresarios.

Alejandro Mendoza Blanco, de la empresa homónima, enumeró las presiones criminales contra los encuestadores, las condiciones climáticas adversas y la baja escolaridad de los entrevistados como las mayores causales de error en los sondeos de salida.