Grupo Salinas obtuvo ayer una nueva suspensión en contra de la entrega de títulos de concesión a Televisa-Nextel en la licitación 21. Esta vez fue el juzgado 16 del séptimo crcuito en materia federal, ubicado en Córdoba, Veracruz, el que ordenó la suspensión de la licitación con la que Televisa-Nextel sería beneficiado al recibir 30 megahercios por sólo 180 millones 300 mil pesos.

El abogado de Grupo Salinas, Salvador Rocha Díaz, recalcó que recurrirá a todas las instancias legales necesarias para detener el proceso con el que se ocasionará un daño patrimonial al gobierno mexicano de 5 mil millones de pesos, por el empecinamiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) EN beneficiar a dos empresas a través de un proceso amañado y cuestionado por los propios miembros de la Cofetel.

Nextel informó que presentó ante la Procuraduría General de la República una demanda penal en contra del juez 29 en materia civil del Distrito Federal, Miguel Ángel Robles Villegas, por considerar que incurrió EN el delito de agravio a la sociedad, al erario y a la compañía de telecomunicaciones.

Señaló que el juez Robles Villegas procedió indebidamente al pretender eludir la competencia de los tribunales federales, toda vez que el juicio ordinario mercantil tiene por objeto reclamar diversos actos comprendidos dentro de la licitación 21, por lo cual no puede ser competencia de un juzgado del fuero común.

Juicio político

En tanto, el diputado por el Partido del Trabajo Mario Di Costanzo aseguró que el Legislativo llevará a juicio político al actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, porque es el funcionario que más caro nos ha salido a los mexicanos. Ya nos costó 49 vidas de los niños de la guardería ABC, la quiebra de Mexicana, y 5 mil millones de pesos por el espectro que le está regalando a Televisa-Nextel.

El legislador destacó que con la entrega de espectro a Televisa-Nextel se confirma la decisión del presidente Felipe Calderón de intervenir de manera directa en el proceso electoral del 2012 mediante el otorgamiento de beneficios a quienes le garantizan difundir la imagen de su gobierno, su partido y sus candidatos.

Destacó que la otra señal, además del empeño por beneficiar a Televisa-Nextel, es la intromisión en el Instituto Federal Electoral para que éste ordenara el retiro de los mensajes de Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que si la SCT consuma la entrega de títulos en una decisión que violenta la legislación mexicana y fomenta los monopolios, cualquier otro gobierno podrá revisar el caso y detener la operación de una empresa creada contra la ley. Incluso el Legislativo podría expropiarla si así lo decide.

A unas horas de que la SCT anunciara que estaba en condiciones de entregar los títulos de concesión de la licitación 21 a Televisa-Nextel, Telcel y Telefónica, Grupo Salinas, a través de su empresa Iusacell, obtuvo una nueva suspensión del juzgado 16 del séptimo circuito en materia federal, medida que, aseguró la empresa, se suma a la resolución del juez 29 de lo civil en el Distrito Federal –al que Nextel pretende demandar por la vía penal–, la cual ordenó a la SCT y a la Cofetel que se abstengan de autorizar, suscribir, emitir o entregar cualquier títitulo de concesión derivado del proceso de licitación 21.

La empresa dijo que el secretario Juan Molinar pretende entregar a Televisa-Nextel el título de concesión por debajo del agua, lo que pondría de manifiesto la ilegalidad de un concurso que ha sido cuestionado por académicos, técnicos, especialistas en telecomunicaciones y los propios comisionados José Luis Peralta, que se manifestó en contra de las bases de licitación desde que se conocieron; Rafael del Villar, quien votó en contra de las propuestas económicas de los participantes y de sus planes de negocios, y Ernesto Gil Elorduy, quien se abstuvo de votar en el Pleno de la Cofetel.

Salvador Rocha Díaz dijo que el secretario Molinar debe reflexionar, meditar y recapacitar antes de decidir entregar los títulos de concesión, porque de lo contrario incurrirá en desacato. No es posible que por un ridículo empecinamiento esté dispuesto a violentar la autoridad judicial para respaldar una licitación inequitativa cuyo resultado terminará por alejar a los inversionistas.

Aseguró que la solución a este problema no es entregar los títulos, sino reconocer la inconstitucionalidad de la licitación 21.