Luego de casi siete años de operación, el Seguro Popular sigue siendo una estrategia de afiliación que no garantiza el acceso a los servicios médicos que requiere la población, en particular las mujeres. Así lo denunciaron organizaciones civiles de Guerrero y Chiapas. En Tenejapa, por ejemplo, la mayoría de las mujeres está inscrita a dicha instancia y de todas maneras se mueren por causas relacionadas con el embarazo y el parto.

Durante el Foro por la universalización y atención integral de la salud, organizado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Fundar, Asociación Civil, varios de los participantes plantearon la crítica que desde su creación en 2003 se hizo al Seguro Popular respecto a promover la inscripción de personas a un sistema que carece de la infraestructura y los recursos humanos para responder a la demanda de la población.

La investigadora Carolina Tetelboin criticó que el gobierno federal pretenda hacer creer que la universalización de los servicios se limite a inscribir a toda la población a un esquema de aseguramiento. En realidad las personas deberían contar con atención médica en el momento y del tipo que la requieran. No basta con empadronar y cobrar las cuotas, indicó.

La especialista planteó que el Seguro Popular tiene detrás el interés de resolver otras necesidades como la de favorecer la participación de proveedores del sector privado, cuando está comprobado que los sistemas públicos son más baratos y eficientes.

Eva Guadalupe Santiz López, de la organización Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, presentó los resultados de una investigación realizada entre usuarias de nueve de las 10 clínicas que hay en el municipio de Tenejapa, el cual ocupa el segundo lugar en mortalidad materna.

Se detectó que los centros de salud carecen de medicamentos y equipos para la atención básica de la mujer embarazada. Para tener un estudio de ultrasonido las pacientes se tienen que trasladar a la cabecera municipal o ir hasta San Cristóbal, siempre que puedan pagar entre 200 y mil 500 pesos de transporte.

En ocho de las clínicas no hay servicio nocturno y tres están cerradas los fines de semana. Solamente una unidad de salud funciona las 24 horas del día, aunque a veces sólo se encuentra un enfermera o un técnico. Además, el personal de salud carece de capacitación para el manejo de las urgencias obstétricas. Una situación parecida ocurre en la Montaña de Guerrero, según lo expuso Gady Dircio, de la agrupación Noche Zihuame.

Todo ello ocurre a pesar de que la reducción de la mortalidad materna es una de las estrategias prioritarias de la Secretaría de Salud. Lo que pasa, señaló Esperanza Delgado, en representación de la Coalición por la Salud de las Mujeres, es que a pesar de que cada año la dependencia da un monto mayor de recursos económicos, en su mayoría para la operación del Seguro Popular, no existe garantía de su destino.

El dinero tendría que etiquetarse para su uso en las diferentes estrategias vinculadas con la salud sexual y reproductiva y la mortalidad materna. Un análisis de Fundar resalta que la atención médica en estas áreas es la de mayor ocupación hospitalaria. Representan 61 por ciento de las 20 principales causas de egresos de los nosocomios.

La investigación también destaca que ni siquiera el Programa de Embarazo Saludable, impulsado por el gobierno federal, recibe recursos etiquetados, lo que explica la falta de certeza de que las mujeres obtengan la atención universal y gratuita del parto.