Aunque el informe de la contraloría general del Instituto Federal Electoral (IFE) advertía de graves irregularidades en el capítulo de inversión, por un monto de 54 millones de pesos, el Consejo General del organismo se limitó a recibir el documento, sin debate alguno, en la sesión que concluyó la madrugada de este miércoles.

Durante la sesión, el consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, dijo que este es el momento de la autocrítica para el instituto, donde se tienen que mejorar los procedimientos administrativos. El IFE es una institución que nació para el escrutinio público, además de que la transparencia se ha consolidado como principio transversal para este órgano electoral.

La fortaleza del IFE en el futuro próximo está asociada a que lo administrativo y lo cotidiano se ejecutan con el mismo profesionalismo y cuidado con el que realizamos las elecciones, dijo Valdés, único orador al abordar el último punto de la agenda del día.

De las dos revisiones de inversión física concluidas en el primer semestre de 2010, la primera –por 34.6 millones de pesos– se refiere a los trabajos de adecuación del edificio del IFE ubicado en avenida Acoxpa 436, que al inicio de la auditoría estaba arrendado y después se adquirió en 300 millones de pesos–, y la segunda –por 19.4 millones de pesos– a las adecuaciones en el inmueble sede de la junta local ejecutiva del estado de Jalisco.

Las irregularidades se presentaron durante la gestión del entonces director ejecutivo de administración, Fernando Santos, quien renunció en forma sorpresiva sin que el IFE explicara los motivos de la dimisión de un hombre cercano a Valdés. Entonces, la detección de irregularidades como causal de la salida del funcionario era sólo un rumor que nunca fue confirmado.

Para el primer caso, la auditoría señala que la inversión de más de 34 millones de pesos en un local arrendado contraviene disposiciones administrativas. En la larga lista de irregularidades está el haber otorgado en 2008 un anticipo de 97 por ciento, por 12.2 millones de pesos, cuando la contratista presupuestó sólo 800 mil; la obra se suspendió sin motivación ni justificación y se amplió seis meses el plazo de ejecución, autorizando en forma indebida conceptos extraordinarios por 3.2 millones de pesos, entre otras anomalías.

En el caso del inmueble de Jalisco se señala que la adjudicación del contrato de obra al parecer no fue transparente, ya que se localizaron documentos de la empresa, cuya fecha de elaboración es posterior a la licitación. Además, presuntamente no entregó la información completa requerida en las bases de concurso y presentó documentos cuya información es inconsistente entre sí.

En ambos casos, las auditorías fueron formalmente admitidas por las instancias auditadas y se realizan las evaluaciones en coordinación con la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos con la finalidad de determinar la probable existencia de hechos y situaciones jurídicas a que puedan dar lugar. Los resultados de la ejecución de las 20 revisiones se tradujeron en 219 observaciones, que generaron 301 acciones: 173 (57.5 por ciento) de naturaleza preventiva, y 128 (42.5), correctiva.

De estas últimas, 55 corresponden a la promoción para que, en su caso, se reintegren recursos no ejercidos o bien para que se justifiquen, y 73 casos en que la contraloría general evalúa la imposición de sanciones administrativas a servidores públicos que infringieron la normatividad.