En el ejercicio fiscal previsto para 2011 el gobierno federal propone incrementar el monto de los gastos fiscales (tratamientos especiales en el régimen tributario para empresas) a 500 mil millones de pesos –recursos que no ingresarían al erario–, equivalentes a 4.3 por ciento del producto interno bruto (PIB).

La Cámara de Diputados emplazó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que presente información abundante sobre dicho régimen de privilegio, porque la expuesta hasta junio del presente año resulta cuestionable por escasa, parcial y superficial.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas refiere que en lo relativo a los gastos fiscales la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que el proyecto de Ley de Ingresos debe contener la explicación sobre los gastos fiscales para el año que se presupuesta.

Sin embargo, la información presentada por la SHCP es escasa, parcial y superficial, y corresponde a los montos presentados en el documento Presupuesto de Gastos Fiscales, publicado el 30 de junio de 2010. Resulta cuestionable que la información enviada en el contexto de la Iniciativa de Ley de Ingresos para 2011 no dé cumplimiento cabal al mandato de la ley.

El comportamiento de los gastos fiscales mantuvo una tendencia relativamente estable entre 2003 y 2008, con una inclinación decreciente a partir de 2009. No obstante, dicha tendencia obedece al cambio metodológico para eliminar el efecto de la evasión fiscal a partir de 2008. En el presente año la propuesta del gobierno calderonista ubicó los gastos fiscales en 4.2 por ciento del PIB y se proyecta en 2011 subirlo a 4.3 del mismo indicador.

Por el contrario, con objeto de incrementar los ingresos públicos se propone un estímulo fiscal a los contribuyentes que regularicen sus adeudos. Se pretende condonar recargos y multas, siempre que se presente un escrito para ese propósito antes del 31 de marzo de 2011, en el cual deberá especificarse la fecha de pago.

“Este esquema de condonación de multas y recargos se suma a las tareas de fiscalización que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están realizando de manera conjunta mediante operativos simultáneos, con la finalidad de combatir conductas de evasión fiscal que usan figuras abusivas de sustitución laboral.”

Cabe señalar que en estas acciones cada institución ejerce sus facultades específicas; el SAT dirige sus acciones de fiscalización a las sociedades cooperativas, clientes y despachos de asesores, y el IMSS se enfoca a acreditar la relación laboral en centros de trabajo y con los clientes.

La Cámara de Diputados analizaría en este ámbito eliminar la facultad de SHCP para otorgar estímulos fiscales y subsidios relacionados con el comercio exterior, con la importación de artículos de consumo a las regiones fronterizas y con la importación de equipos y maquinaria a dichas regiones, además de los relativos a cajas de ahorro y sociedades de ahorro y préstamo.