Al problema de la crisis económica y la insuficiencia de recursos para el campo, desde hace dos años se sumó el de las extorsiones, secuestros y ejecuciones del crimen organizado contra productores agrícolas y microempresarios de molinos y tortillerías beneficiarios de programas sociales.

La industria de la masa y la tortilla y agrupaciones campesinas señalaron que han dejado de presentar denuncias ante el Ministerio Público, porque después de realizar las quejas han recibido en sus domicilios la visita de delincuentes exigiéndoles que se desistan.

Integrantes de la industria de la masa y la tortilla que solicitaron el anonimato, precisaron que desde hace dos años pagan a grupos delictivos de mil a 5 mil pesos mensuales, y quienes se niegan, primero recibieron amenazas y después agresiones.

Para evitar extorsiones, los productores exigieron a las secretarías de la Reforma Agraria y de Agricultura que sólo los identifique por los folios de su registro.

El Consejo Agrario Permanente solicitó a las dependencias que no hagan actos masivos para la entrega de recursos, debido a que los delincuentes se hacen presentes para exigir dinero a los campesinos beneficiados.