Al concluir los procedimientos contra los cardenales Juan Sandoval Íñiguez y Norberto Rivera Carrera, así como Hugo Valdemar Romero, vocero de la arquidiócesis de México, por sus expresiones contra los matrimonios homosexuales, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) determinó que el arzobispo de Guadalajara incurrió en delito.

Sin embargo, en el caso del cardenal Rivera y Valdemar se acordó entablar un diálogo con las autoridades del Conapred, así como que la Arquidiócesis Primada de México emita un comunicado en el que exprese la posición de los prelados en torno a los matrimonios entre gays, así como de respeto a todas las personas sin ningún tipo de discriminación.

En un comunicado, el Conapred refirió respecto de los expedientes de queja abiertos a petición del colectivo lésbico-gay que Sandoval Íñiguez incurrió en actos de discriminación que pueden promover la homofobia y repercutir en el ejercicio de derechos y libertades en condición de igualdad, tal como señala el artículo 9, fracción XV de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED).

Subrayó además que el arzobispo de Guadalajara –quien calificó a los homosexuales de maricones y lesbianas, entre otras expresiones– no respondió a las diversas notificaciones que le envío para solicitarle información e invitarle a participar en un proceso de conciliación.

A su vez, Rivera Carrera y Valdemar Romero rechazaron participar en el proceso de conciliación previsto en la ley. En su respuesta al consejo, los ministros de culto argumentaron su derecho al ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad religiosa, y su perspectiva de no haber violado el derecho a la no discriminación. Pero aceptaron dialogar y emitir el comunicado referido.

El Conapred indicó que reconoce el derecho de las iglesias a expresar públicamente sus puntos de vista sobre asuntos de interés social, como el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que puedan adoptar. Pero, destacó, existe un límite legal, establecido en el sexto constitucional, sobre el ejercicio de la libertad de expresión con respecto de los derechos de terceros. Por ende, no se pueden justificar expresiones que atenten contra la dignidad de las personas.

El consejo advirtió que la defensa de la igualdad y dignidad de las personas es parte fundamental de las democracias e incluso de la propia Iglesia católica, como se expresa en el número 2358 de su catecismo, el cual afirma que las personas homosexuales deben ser acogidas con respeto y se evitará, respecto a ellas, todo signo de discriminación injusta.