El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, aseguró ante legisladores que el gobierno federal cumplirá con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al caso Rosendo Radilla y enviará al Senado la iniciativa de ley para reformar el Código de Justicia Militar.

Este último fue uno de los cuestionamientos que más le formularon senadores de PRD, PRI y PT, y al final el funcionario aseguró que se dará cumplimiento cabal a esa sentencia que obliga al gobierno mexicano a modificar la legislación a fin de que los elementos de las fuerzas armadas que cometan violaciones a derechos humanos de civiles sean juzgados en tribunales del fuero común.

Durante su comparecencia, Blake Mora evadió muchas preguntas; por ejemplo, no respondió de manera directa la interrogante que le formularon los senadores René Arce, del PRD, y el petista Ricardo Monreal sobre las versiones de que el gobierno federal pretende reformar el artículo 29 constitucional para la suspensión de garantías en aquellos estados, municipios o regiones donde el crimen organizado ha rebasado a las autoridades.

El titular de Gobernación esquivó en principio la respuesta y, cuando Arce insistió en el tema, dijo que la Ley de Seguridad Nacional ya fija los parámetros en los niveles de violencia y las necesidades en la respuesta del Estado.

Aprovechó para pedir a los senadores que se revise la minuta en torno a esa ley de seguridad, aprobada el pasado abril en el Senado y detenida desde entonces en la Cámara de Diputados. Reconoció que ha estado trabajando con las fuerzas armadas para alinear con muchísima claridad los criterios y las disposiciones de ese ordenamiento en el que se norma la actuación del Ejército en el combate al crimen organizado.

Esa Ley de Seguridad Nacional será un instrumento valioso para responder a las exigencias y las necesidades que hoy se tienen frente al crimen organizado. Precisó que en las próximas semanas hará llegar al Congreso la iniciativa en torno al mando único en las corporaciones policiacas.

En otro tema, Monreal y Arce le pidieron fijar su postura sobre la polémica con El Diario, de Ciudad Juárez, y le expresaron que fue imprudente la forma en que el gobierno respondió a ese medio de comunicación.

Blake reiteró que el gobierno federal rechaza cualquier negociación con el narcotráfico. No podemos permitir que sean los criminales quienes impongan las líneas de acción en materia de comunicación social. Sostuvo que se trabaja con contundencia para enfrentar a las bandas criminales, que no sólo amenazan a los periodistas y medios de información, sino a la sociedad en su conjunto.

Interrogado sobre los anuncios que ciertos periódicos y revistas publican en los que se incita a la prostitución y la trata de personas, Blake Mora hizo notar que la ley de imprenta es muy vieja y les propuso revisar juntos esa legislación a fin de modernizarla y, dentro del respeto absoluto a la libertad de expresión, llevar a cabo modificaciones.

Otro de los temas en que más insistieron los senadores –incluso la panista Emma Larios– fue el asesinato de 72 inmigrantes centroamericanos en Tamaulipas. El príísta Pedro Joaquín Coldwell dijo que todo apunta a que en materia migratoria el gobierno federal no solo ha sido incompetente, sino indiferente ante el sufrimiento de quienes transitan por territorio nacional de paso al rico vecino del norte.

Lo invito a sacudirse las rémoras del gobierno al que sirve y a sumarse a las filas de los mexicanos que nos rehusamos a aceptar que nuestro país, que es una nación de migrantes, continúe siendo territorio de vejaciones y masacres. Póngase las pilas.

Eneguida le preguntó si el gobierno mexicano seguirá jugando el vergonzante papel de policía migratorio de Estados Unidos. La bancada del PRI lo emplaza públicamente a que de inmediato construya una política pública que represente un golpe de timón en el tema migratorio.

Algo nervioso –incluso pronunció mal el segundo apellido del priísta quintanarroense–, Blake le respondió a Joaquín Coldwell que aceptaba el emplazamiento, pero le pidió que el PRI colabore para modernizar esta política. Adelantó que se trabaja en un proyecto para dar certeza legal a los migrantes extranjeros y sancionar a las autoridades que vulneran sus derechos.

Aunque las críticas fueron muchas, el funcionario evitó en todo momento la confrontación con los legisladores de oposición. Al final, Monreal le dijo que aunque no contestó a todas las interrogantes, valora su actitud conciliatoria. A los legisladores panistas no les gustó el tono de sus contrapartes; el senador Alejandro Zapata Perogordo deploró que se llame a comparecer a los funcionarios sólo para descalificarlos. Otro senador del blanquiazul, Alejandro González, le reclamó al presidente de la mesa, Jesús Murillo Karam (PRI), el tono empleado por Joaquín Coldwell.

Blake Mora presenció los reclamos, pero se despidió sonriente. En mí encontrarán en todo momento a un interlocutor permanente, les dijo.