Senadores de PAN y PRD propusieron ayer la suspensión de garantías en Ciudad Juárez, ante el clima de violencia que se vive en la urbe fronteriza, luego de rechazar la posibilidad de negociar con el crimen organizado, como planteó El Diario, rotativo de esa localidad.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por legisladores del PRI, con el argumento de que daría poca eficacia a la lucha contra la delincuencia.

El panista Santiago Creel dijo que si no se puede sostener y asegurar la vigencia de las garantías individuales en un municipio, entonces el Estado debe reconsiderar y pensar en hacer un levantamiento de garantías, mientras las fuerzas federales restauran el orden.

Agregó que la Constitución otorga al gobierno suficientes facultades para mantener el orden. Pero lo que no podemos permitir es que las mafias del crimen organizado se salgan con la suya y, sobre todo, que la sociedad empiece a buscar un proceso de negociación o de entendimiento con la delincuencia. Eso es algo que no debe ocurrir, enfatizó.

Por su lado, el senador Ramón Galindo (PAN) dijo que es momento de considerar otro tipo de opciones. No llegaría a la suspensión de garantías, pero sí a un estado de excepción que limitara ciertos derechos, con ánimo de proteger la integridad de los ciudadanos.

El priísta Pedro Joaquín Coldwell rechazó un estado de excepción en Juárez, pues la redacción del artículo 29 de la Constitución es decimonónico en ese tema, implica una suspensión casi total de garantías que restringiría todo tipo de derechos ciudadanos y aportaría poca eficacia para combatir el crimen.

Rechazó que se negocie con la delincuencia, pero también dijo que la declaración de Alejandro Poiré, vocero gubernamental en materia de seguridad, es incompleta si el Estado claudica en su deber de darle seguridad a los comunicadores. Cabe destacar que en la víspera el funcionario rechazó cualquier posibilidad de pactar con las bandas criminales.

Frente al diferendo entre El Diario de Ciudad Juárez y el gobierno federal, Arturo Escobar,  del Partido Verde, dijo que la manera de resolver el enfrentamiento es mejorando la estrategia gubernamental contra la delincuencia en la urbe fronteriza.

Consideró que la suspensión de garantías es un tema que debe debatirse, mientras el perredista, René Arce señaló que cuando el Estado ya no tiene posibilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, hay que reflexionar sobre la posibilidad de aplicar el artículo 129 constitucional, que establece la suspensión de garantías por parte del jefe del Ejecutivo federal, cuando la paz es perturbada.