Buenos Aires, 21 de septiembre. El gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó hoy a la justicia el informe que documenta la apropiación ilícita de Papel Prensa SA en 1976-1977, para lo cual tanto los responsables civiles como los directivos de los grandes medios (Clarín, La Nación y La Razón) avalaron y se habrían beneficiado por el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la pasada dictadura militar para quedarse con esa empresa. Todo esto figura en la querella que hoy tomó estado judicial.

La querella fue presentada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, patrocinado por el subsecretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, mediante un escrito de casi 200 páginas, donde entre otros puntos se señala que el Poder Ejecutivo entiende que los hechos de esta querella constituyen graves delitos previstos por el derecho penal internacional y configuran violaciones a los derechos humanos.

El mismo funcionario, que firma la extensa y documentada querella, sostiene que la apropiación de Papel Prensa se concretó meses después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, mediante la comisión de los delitos de extorsión, privación ilegítima de la libertad, tortura, vejaciones y asociación ilícita, y solicita la indagatoria a los imputados Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, José Alfredo Martínez de Hoz, Raymundo Juan Pío Podestá, Laura Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto (Clarín) Bartolomé Luis Mitre (La Nación), Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos (La Razón).

Los argumentos, sustentados por datos, investigaciones y testimonios, mencionan la presión ejercida sobre el grupo Graiver “y el temor fundado de sus miembros ante esta situación, por lo que se señala que por medio de intimidación y amenazas se obligó a varios de los damnificados a vender las acciones de Papel Prensa SA a los diarios Clarín, La Nación y La Razón”, con una intermediaria. Y esto sólo pudo lograrse por la evidente concertación de los directivos de estas empresas periodísticas con la más alta cúpula de la dictadura (1976-1983).

De las investigaciones surge la lista de víctimas de ese accionar, que recientemente fue denunciado por la mandataria, entre las que se encuentran varios familiares de David Graiver, empresario y dueño entonces de Papel Prensa, que murió en un sospechoso accidente de aviación en México en 1976.

Entre estas víctimas figuran Lidia Papaleo, la esposa de Graiver; Rafael Ianover, ex vicepresidente de la empresa; Lidia C. Gesualdi y Silvia Fanjul. Fueron detenidos, secuestrados en centros clandestinos de detención. Estos hechos y las torturas seguidas de muerte de Jorge Rubinstein (...) deben calificarse como crímenes contra la humanidad y, por ende, imprescriptibles, sostiene la querella.

Menciona Duhalde a los periodistas detenidos desaparecidos y asesinados entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de marzo de 1977. El escrito comprende siete títulos y cada uno incluye el argumento con profuso y cuidado sustento jurídico.

Para muchos que analizan la acción de los medios masivos contra el gobierno, comienza aquí la madre de todas las batallas.