Organizaciones campesinas manifestaron que el presupuesto del Programa Especial Concurrente 2011 (PEC), de 259 mil 852 millones de pesos, es una propuesta desestabilizadora para el sector rural, debido a que es un monto inferior al asignado para este año y no prevé la generación de empleos ni la reactivación económica. Mantiene, acusaron, la erosión del sector productivo, la migración y el crecimiento de la informalidad.

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) planteó que el monto del próximo año, además de recibir un incremento, tiene que ser replanteado dentro de la propuesta del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, que otorga la máxima prioridad a la seguridad pública y el pago del servicio de la deuda total, pero reduce la asignación de recursos a los programas relacionados con el desarrollo social y la agricultura.

Si la inseguridad es el tema candente en el campo, es cuestionable que para el sector rural el gobierno federal no contemple instrumentos para generar economía formal ni procesos de reactivación económica y laboral, expresó Carlos Ramos, líder de la CNPA.

En su consideración no hay justificación para aplicar recortes a las áreas productivas del país, debido a que las mismas cifras oficiales han calculado un crecimiento de la pobreza en más de 4 millones de personas tan sólo en el sexenio y un país incendiado con 28 mil muertos (vinculados al crimen organizado) más 20 mil de migrantes.

Ante este escenario reiteró que la CNPA y otros frentes sociales preparan movilizaciones en demanda de mayores recursos para el campo y foros en las sedes del Congreso sobre temas específicos, para poder neutralizar la propuesta presupuestal del Ejecutivo, que nos parece peligrosa.

El Movimiento Rural Anticapitalista (Mora) adelantó que junto con otras centrales campesinas participantes en el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria pugnarán en la Cámara de Diputados por la restitución de los 269 mil millones de pesos para el PEC 2011 –como los autorizados para este año– y un incremento al mismo.

La partida presupuestal que se logre tiene que proyectarse hacia una política agropecuaria de apoyo al sector productivo de bajos ingresos y dejar de beneficiar a los grandes empresarios, como lo han venido haciendo los gobiernos panistas, manifestó Luis Rojas, dirigente de la organización con presencia en estados del sur y sureste del país.