Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) calificaron de omisa la actuación del gobierno federal en la resolución del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, porque la autoridad se niega a asumir su responsabilidad y con ello permite la impunidad de los grupos delincuenciales. Sin embargo, en la Procuraduría General de la República (PGR) se reiteró ayer que no intervendrá en el rescate del político, porque así lo ha solicitado su familia.

Sofía Castro y Víctor Castro Cosío, legisladores de PRI y PRD, respectivamente, llamaron a la familia del político a considerar el pago inmediato de su rescate, cuyos fondos no serán otros más que los que el ex senador amasó.

También, senadores del PRD y del Partido del Trabajo (PT) criticaron que el gobierno federal ha ya abdicado de su responsabilidad, al no intervenir para la liberación de Diego Fernández de Cevallos. Demandaron que el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, explique qué ha hecho durante los cuatro meses de cautiverio del político panista.

En contraparte, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) lamentaron la situación de su correligionario y pidieron respetar la decisión familiar a fin de proteger su vida.

Asimismo, se insistió en que el Ministerio Público Federal continuará oficialmente ajeno al caso Fernández de Cevallos.

Sin denuncia formal

El grupo autodenominado Misteriosos desaparecedores, señaló en su reciente comunicado que a Fernández de Cevallos su familia lo abandonó y de que a sus propios amigos nos les importó su suerte. En tanto, funcionarios cercanos al procurador Chávez Chávez comentaron que el caso se mantendrá como ocurre desde el 21 de mayo pasado, porque los hijos del ex candidato presidencial del PAN no han presentado ninguna denuncia formal.

La diputada priísta Sofía Castro indicó que el gobierno de Felipe Calderón ha incurrido en decisiones lamentables, y en el caso de esta desaparición ha olvidado a uno de sus principales activos, quien pudo haber sido presidente de la República; resulta inconcebible que esta administración permita la actuación de los grupos de delincuentes.

Víctor Castro Cosío expresó que las autoridades han mostrado ineptitud e indolencia en este caso y, con molestia, se refirió a la actitud de los familiares y amigos del plagiado, exigiéndoles no regatear el monto del rescate: No se puede escatimar ningún monto con el fin de regresar a la libertad a Diego Fernández, quien antes que político o prominente abogado es una persona con todo el derecho a seguir viviendo.

Sistemas de inteligencia

A su vez, el senador Carlos Navarrete, del PRD, planteó: No sé si el gobierno federal está investigando el secuestro o está cruzado de brazos. Agregó que lo claro es que los sistemas de inteligencia no son capaces de detectar a los secuestradores ni de un comerciante de la esquina ni de un político connotado de su propio partido.

René Arce, también del sol azteca, resaltó que el Estado nunca debió haber renunciado a sus obligaciones, pese a la petición de la familia, ya que el secuestro es un delito grave. Y Ricardo Monreal (PT) calificó de triste e indignante ver la situación en que se encuentra Fernández de Cevallos y el poco interés que tiene el gobierno en dar con su paradero.

Sin embargo, el senador panista Felipe González expresó que el asunto está en manos de la familia del abogado. En estos casos, como no se conocen las negociaciones, me parecería muy aventurado decir que la autoridad debe intervenir, sobre todo frente a delincuentes tan crueles.

Y el coordinador de los senadores del blanquiazul, José González Morfín, dijo que han sido respetuosos de la petición que hizo la familia y sólo les queda hacer votos para que muy pronto esté de regreso con nosotros, en buenas condiciones de salud.

En la PGR, este secuestro lo maneja el procurador Chávez Chávez, y por ello la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada no ha instruido avanzar en las pesquisas del caso.