Al menos otros 25 jueces y magistrados federales en materia penal solicitaron al Ejército que les conceda permiso de poseer y portar una pistola de uso exclusivo de las fuerzas armadas, como parte de su defensa personal ante el embate del crimen organizado que busca limitar la autonomía de los juzgadores.

De acuerdo con fuentes judiciales de primer nivel, varios jueces también presentaron un escrito al Consejo de la Judicatura Federal –órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF) encargado de administrar y regular los más de 700 juzgados y tribunales que hay en el país–, el cual es avalado por la mayoría de juzgadores en materia penal, quienes trabajan en los reclusorios federales del Altiplano (antes La Palma), de Occidente (antes Puente Grande), y del Noreste (Matamoros, Tamaulipas).

En la carta exigen que se refuercen las actuales medidas de seguridad que se aplican en los órganos jurisdiccionales, como detectores de metales y sistemas de circuito cerrado en los accesos a los inmuebles del PJF.

Sobre la petición al Ejército de que amplíe el permiso de posesión y portación de armas de fuego, los informantes aclararon que es de carácter personal, por lo que cada juzgador que considere necesario contar con una pistola debe realizar el trámite ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia encargada de dar dichas autorizaciones.

De acuerdo con funcionarios del PJF consultados, ya hay al menos 50 jueces y magistrados que tienen licencia del Ejército para portar un arma, por considerar que es indispensable para su protección.

La decisión es personal; cada juzgador determina si su seguridad estará dada en función de un arma de fuego o si basta con la custodia que la Policía Federal y la Agencia Federal de Investigación brindan a quienes llevan juicios por delincuencia organizada, puntualizó un magistrado consultado por este diario.

El pasado 20 de agosto, Carlos Alberto Elorza Amores, el juez federal que sobrevivió a un atentado en Nayarit, se manifestó en favor de que sea tramitada una licencia colectiva de portación de armas para los impartidores federales de justicia que llevan asuntos que implican riesgo de vida, a fin de que no tengan que tramitar –cada uno– su propio permiso.

Durante una entrevista radiofónica, el titular del juzgado segundo de distrito, con sede en el penal de El Rincón, Nayarit, dijo que un arma les daría posibilidad de defensa, además de la protección de los escoltas.